La presidenta Dilma Rousseff volvió hoy a criticar la acción policial contra su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva para llevarlo a declarar por su eventual implicación en la trama de corrupción en Petrobras, y acusó a la oposición de exacerbar la crisis en Brasil.
En un acto público en el estado de Río Grande del Sur, al sureste del país, Rousseff dijo que Lula “siempre aceptó” declarar ante las autoridades en otras ocasiones.
“No tiene sentido llevarlo a prestar declaración si él nunca se negó”, dijo la presidenta, quien el sábado realizó una visita privada a la residencia de Lula, donde se fotografió junto a él.
Rousseff no se pronunció sobre las sospechas de las autoridades de que Lula y su familia se habrían beneficiado de 7.5 millones de dólares en donaciones o en pago de servicios, que según los investigadores sería dinero ilícito procedente de empresas investigadas en la Operación Lava Jato, pero sí criticó el procedimiento judicial para llevarlo a declarar.
Desde que el viernes la policía federal llevara a Lula a declarar de forma “coercitiva” –en un primer instante rechazó ir si no era obligado, pero tras hablar con su abogado fue por su propia voluntad- el país vive un terremoto político y una gran polarización respecto a la figura de uno de los ex presidente más importantes y populares de Brasil.
Sus detractores, en especial la oposición, piden independencia al poder judicial y policial para investigar a los Lula en la trama, mientras sus defensores denuncian un “espectáculo mediático” y un intento “golpista” para impedirle que se presente a los comicios presidenciales de 2018.
Al respecto, Rousseff acusó a la oposición de dividir al país y de querer “anticipar las elecciones de 2018”, en referencia al pedido de juicio político que los partidos de oposición piden ahora acelerar en su trámite en el Congreso de los Diputados.
“La oposición tiene derecho absoluto a divergir, pero no puede sistemáticamente dividir al país”, señaló la mandataria, mientras el próximo domingo 13 se celebrará una nueva manifestación para pedir la destitución de la jefa de Estado.