El extesorero municipal, Roberto Pesquera Vargas, se entregó en la Fiscalía General del Estado, y reconoció ante el Juzgado Tercero Penal su culpabilidad y ofreció reparar el daño.
Pesquera Vargas fue tesorero municipal de León durante el periodo 2012 – 2015, cuando Bárbara Botello Santibáñez era presidenta municipal; ambos son coacusados en un mismo expediente por el delito de peculado.
Tras tres años de ser reclamado por la justicia, desde octubre de 2016, sorpresivamente se entregó en el Juzgado Tercero Penal, se reconoció responsable de la acusación y pagó por anticipado la reparación del daño.
El extesorero fue internado en el Centro de Reinserción Social de León poco después de las nueve de la mañana mediante el cumplimiento de la orden de aprehensión girada en su contra, y tras lo cual fue notificado el Juzgado Tercero de lo penal, atendido por la juez suplente Cristina Rábago, quien la programó de inmediato la diligencia de declaración preparatoria y la inició a las diez y media de la mañana.
El peculado en cuestión se procesa dentro del Sistema de Justicia tradicional o inquisitivo, por eso el Juzgado Tercero de lo Penal y por eso el tesorero declaró en calidad de acusado del delito de peculado en ese tribunal.
Para no variar la política de la juez Rábago, ella ordenó que fueran blindados los pasillos del edificio judicial para que no tuviera acceso la prensa a pesar de tratarse de una diligencia de carácter público por ley. El argumento: que el abogado de la parte acusada solicitó audiencia privada.
La materia del caso abierto contra el extesorero y otros funcionarios municipales, y recientemente ampliada la acción penal contra Barbara Botello, no ha sido explicitada públicamente del todo.
Desde 2014, cuando Roberto Pesquera estaba en funciones como tesorero municipal en León, se hicieron señalamientos sobre presuntas y diversas irregularidades en el manejo del erario municipal.
Fue después de que cumplió su gestión que una de varias denuncias presentadas por la administración de Héctor López Santillana dio lugar al expediente que actualmente se ventila en el Juzgado Tercero de lo penal.
Se habla de operaciones simuladas: contratación de servicios que no se llegaron a prestar, contratos y pagos a empresas fantasma.
El monto del daño reclamado por este expediente supera un millón y medio de pesos, según declaraciones de autoridades.
Declaración preparatoria, reconoce su responsabilidad.
Dentro del sistema de justicia tradicional, en el que se ventila el caso, el extesorero, Pesquera Vargas, conoció el expediente y las pruebas que aportó el Ministerio Público para acusarlo de peculado, el monto del mismo y los elementos probatorios sobre los que se presume su responsabilidad.
No le fue leído el expediente entero, sino se dio por enterado de la naturaleza de la acusación, según confirmó el abogado defensor al concluir la diligencia, en una conferencia de prensa. Las imputaciones las conocía de antemano, dijo el litigante.
Fue precisamente el abogado Padilla Lucio quien, acompañado por un enlace de prensa del Poder Judicial, dio a conocer que el contador público Roberto Pesquera, tras conocer las imputaciones en su contra y conocedor de sus derechos, reconoció su responsabilidad en esas imputaciones y ofreció el pago de reparación del daño.
El acusado se reconoció así responsable de ese delito e inició gestiones para que ese daño fuera reparado al erario municipal, según explicó el abogado Padilla Lucio.
Poco después del mediodía se estaba haciendo dicho pago en el tribunal por los medios autorizados, añadió.
Es su derecho y es plenamente consciente.
El litigante señaló que su representado, conocedor de las imputaciones, no huyó de país, y conscientemente tomó la decisión de hacer frente al problema y dar la cara de la manera como lo hizo.
Explicó que Pesquera Vargas sabía perfectamente que esta acusado de un delito grave, por el que no existe la posibilidad de enfrentar un proceso penal en libertad bajo fianza, y decidió que valía la pena sacrificar un poco de su libertad para terminar con ese problema.
A partir de la hora en que el exfuncionario fue puesto a disposición del Juzgado Tercero de lo Penal, corre el plazo de 72 horas para que la juez Rábago resuelva si sujeta a proceso penal y deja formalmente preso a Roberto Pesquera, o lo pone en libertad.
Delito Grave.
El delito de peculado en la modalidad por la que se acusa a Pesquera Vargas, en razón del monto del daño económico causado, es delito grave.
Eso significa que no puede atender el proceso en libertad bajo fianza.
Pero además, implica que puede enfrentar todo un proceso penal hasta su culminación tras las rejas y seguir allí si es condenado, pues tampoco cabe finiquitar el caso mediante el otorgamiento del perdón de la parte agraviada.
Aún si le otorgaran el perdón las autoridades municipales, seguiría siendo procesado hasta que se dicte sentencia.
Pero no es del todo imposible.
Pero el abogado Padilla Lucio ya lo adelantó: se contempla solicitar al tribunal, una vez que defina si le dicta formal prisión, la aplicación de la nueva ley procesal penal para buscar otras medidas cautelares que libren al extesorero de la prisión preventiva a la que se encuentra sujeto actualmente.
Ya la también procesada, Bárbara Botello, lo logró y está libre bajo fianza, tras beneficiarse de la nueva ley procesal.
En cualquier momento, dentro de las 72 horas, resolverá la juez Rábago: proceso penal en prisión, o libertad.
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