El sector calzado alzó la voz para exigir a las autoridades federales que combatan la informalidad, la piratería y la importación de calzado subvaluado o de contrabando.
Durante la toma de protesta del Consejo Directivo de la CICEG, su presidente, Alfredo Padilla Villapando, señaló que las fábricas que no están debidamente constituidas ante el SAT perjudican el tejido social, ya que sus trabajadores carecen de prestaciones que les permitan tener acceso a servicios de salud o a financiamiento para adquirir una vivienda.
“Una de las acciones más urgentes es combatir el cáncer de la informalidad, tenemos que lograr que aquellos fabricantes que están en la ilegalidad migren a la formalidad, esto es indispensable si queremos un desarrollo sano. En CICEG estamos trabajando con las autoridades para promover la legalidad y la formalidad”, dijo.
El presidente de la CICEG también subrayó que las empresas informales representan una competencia desleal para el gremio por los bajos precios que pueden ofertar.
“Una empresa ilegal que no factura puede dar precios bajos y castigados, pero el gran perdedor es el operario y su familia, esa ventaja ilegal es la que daña a los zapateros que sí somos formales y buscamos las mejores condiciones para nuestra gente. Juntos, empresarios y gobierno, debemos combatir este mal que tanto nos aqueja”, dijo.
Aunado a lo anterior, Alfredo Padilla lamentó que haya una creciente importación de calzado de contrabando y subvaluado, que el año pasado ascendió a 50 millones de pares, pero aún así, la Agencia Nacional de Aduanas no ha escuchado la petición del sector para que atienda este problema.
Por ello, pidió a Félix de Jesús Arredondo Ortega, director de Fomento de Cadenas Productivas e Inversión de la Secretaría de Economía, presente en el evento, abrir canales de comunicación con las instancias que combaten las prácticas ilegales de comercio, tanto internas como a nivel internacional.
