El sistema guanajuatense de justicia de oralidad o adversarial en materia penal enfrenta, a dos años y once meses meses de que entró en vigor, problemas de sobrecarga de trabajo que afecta a ciudadanos y abogados litigantes con una suerte de rezago por posposición de audiencias, y a personal judicial por sobrecarga de trabajo, según la apreciación de abogados leoneses, en torno al funcionamiento del Juzgado Regional número 4, en León.
Entre otros abogados litigantes, el presidente del Colegio de Abogados de León, A.C. Jorge Marcelino Trejo Ortiz, y el abogado litigante Jorge Estrada Álvarez, hablan sobre ese tema y señalan que efectivamente el Poder Judicial está enfrentando sobrecarga de trabajo porque el funcionamiento del nuevo sistema de justicia no parecer estar cumpliendo con algunas de las expectativas.
Cada vez más audiencias que no están sujetas a términos legales o plazos perentorios, son programadas y luego reprogramadas con el consiguiente retraso para su desahogo, porque hay audiencias que deben ser desahogadas en lo inmediato.
Audiencias como la del control judicial, en las que el Ministerio Público presenta a personas detenidas y en las que queda sujeto el juez de control al término de 72 horas para resolver; audiencias de imputación contra personas detenidas con orden de aprehensión, en las que opera el mismo término constitucional para el juez, así como otras, consideradas de urgente realización, como son las solicitudes de órdenes de aprehensión y órdenes de cateo, reciben preferencia para su desahogo.
Pero eso obliga a que otras audiencias procesales que ya estaban en la agenda judicial, sean reprogramadas; que sean pospuestas para otras fechas, con el consiguiente retraso en los procesos penales.
Poco personal, pocas salas, mucho trabajo.
El abogado Trejo Ortiz parto datos concretos que a su juicio, explican parte de la problemática que enfrenta el sistema judicial estatal, al que considera saturado por la carga de trabajo.
Refirió el Juzgado que funciona en el municipio de Guanajuato, un municipio con 200 mil habitantes y el cual tiene un Juzgado de Oralidad con cuatro jueces asignados y tres salas.
Lo comparó con Juzgado Regional número 4, en León, dotado actualmente de 8 salas de oralidad para que desahoguen los procesos penales un total de 11 jueces, en una población de casi dos millones de habitantes.
Muchos delitos, muchas investigaciones, pocos jueces.
Para el abogado litigante leonés, Jorge Estrada Álvarez, hay varias razones que explican los problemas del poder judicial en el sistema de oralidad y hacen urgente que se tomen medidas para resolverlos.
Por una parte destaca el crecimiento enorme de la incidencia delictiva. Eso genera un crecimiento enorme también en la cantidad de investigaciones ministeriales del fuero común cuyo destino inmediato es la judicialización, y como consecuencia, se general la actual sobrecarga de trabajo en el sistema judicial de oralidad.
Señaló que el incremento en la cantidad de delitos que se cometen, afecta también a la Fiscalía General del Estado, que ha de investigar los delitos e integrar las carpetas de investigación que luego lleva ante los jueces penales.
No todo ha funcionado.
Abogados litigantes han señalado otros problemas que a su juicio han provocado la situación actual de este sistema judicial: se preveía que la mayoría de los casos que conociera el Ministerio Público se arreglarían mediante la mediación, sin que llegaran a ser judicializados.
Otros muchos, serían resueltos mediante procedimientos abreviados ante jueces de control, pero los resultados no lo reflejan así y el sistema de justicia se satura cada vez más dicen.
Consideraron que parte de las razones de estos resultados radica en que la capacidad agentes ministeriales como conciliadores es limitada y se les debiera procurar más capacitación.
Algunas cifras.
Sistema de Justicia Adversarial comenzó a funcionar por regiones, en Guanajuato, a partir del 2012.
En León entró en vigor a partir del primero de junio del 2016, y los primeros siete meses de su funcionamiento, hasta el 31 de diciembre de ese año, en sus salas de oralidad fueron desahogadas un total de 894 audiencias de toda clase, dentro del proceso penal.
Para el año 2017, con cinco meses más de trabajo, los jueces del el Juzgado Regional de León desahogaron un total de 4 mil 572 audiencias. una cifra que ya entonces motivaba que algunos funcionarios arquearan las cejas por la abundancia de trabajo.
Pero para 2018, esa cifra casi se duplicó. Los 11 jueces que refieren los abogados para este juzgado, enfrentaron una agenda de 8 mil 584 audiencias. Algunas fueron pospuestas (no se sabe cuantas) pero el motivo fue que se desahogaran otras urgentes.
Solo en el 2018, la relación entre el número de audiencias agendas, el de jueces que operan el sistema de justicia de oralidad penal y el número de salas disponible, implica que cada juez en León hubo de desahogar, de un total de 8 mil 584 agendas, un promedio de 780.36 audiencias en 12 meses, y cada sala de realidad fue empleada para el desahogo de un promedio de mil 73 audiencias.
Urgen medidas.
Los litigantes coinciden en que existe saturación en el sistema de justicia de oralidad, pero descartan un colapso del mismo.
En cambio señalan que es imperativo que el Poder Judicial tome medidas y rediseñe o modifique el sistema de operación para resolver esos problemas, que tienen a agravarse.
Ya en septiembre del año pasado, abogados litigantes hicieron un planteamiento al Poder Judicial del Estado en ese sentido, pero a la fecha no hay una respuesta ni medidas concretas.
Este reportero solicitó al Poder Judicial del estado, presidido por la magistrada Claudia Barrera Rangel, un posicionamiento sobre este tema, sin que hasta la tarde de este martes, nos otorgara una respuesta.
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