La sobrepoblación en cárceles de Guanajuato y del país obedece al abuso de la prisión preventiva oficiosa, pero también a la falta de confianza de la sociedad en los mecanismos alternos de ejecución penal, aseguró la coordinadora de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta A.C., Nayomi Aoyama.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, a finales de junio había más de 1 mil 100 presos adicionales a la capacidad instalada en los centros penitenciarios del estado, además de que una tercera parte de los reos estaban recluidos sin haber recibido todavía una sentencia condenatoria.
Al respecto, la especialista sostuvo que esto se debe en gran parte a la tendencia de aplicar la prisión preventiva de oficio a cada vez más delitos, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que este mecanismo es violatorio de derechos humanos.
“Nosotros creemos que toda prisión preventiva debe ser una cuestión casuística donde se deben cumplir los requisitos de ley, y si después de un análisis individualizado donde se tomen en cuenta cuestiones de seguridad de las víctimas y testigos, y después de ese balance se considere que la prisión preventiva es lo más necesario para el caso en específico, entonces sí debe ser tomado en consideración”, dijo.
Lo anterior, se suma a que la pandemia aumentó el rezago en los procesos penales debido a que muchos juzgados locales y federales suspendieron trabajos.
Sin embargo, Nayomi Aoyama también apuntó que México tiene una cultura jurídica plagada de tácticas dilatorias, tanto de la parte acusada como de los ministerios públicos, como por ejemplo aplazar audiencias por falta de personal o enlistar testigos o pruebas que son difíciles de presentar.
“El problema que hemos detectado es que los jueces tienen miedo de dejar a una parte desprotegida al declarar sin sustento alguna prueba porque no se pueda obtener, y el problema de eso es que lo que está en juego aquí es la libertad de una persona. Más allá del juicio, en Documenta creemos que el problema radica en la prisión preventiva oficiosa”, dijo.
La coordinadora de “Documenta, A.C.” agregó que otro gran problema es que la sociedad desconfía de medidas cautelares alternas a la prisión preventiva oficiosa, como lo son el uso de dispositivos localizadores en el acusado, lo cual es mucho más barato que tenerlos recluidos, cuyo costo estimado en el país es de 500 pesos diariamente.
Lo mismo sucede con las sanciones que no implican que el sentenciado esté tras las rejas, que tampoco son bien recibidas por la ciudadanía, aseguró Nayomi Aoyama.
“La ciudadanía no confía en estas medidas alternativas y nos la ve como solución de justicia; no confía en ellas porque creen que no es castigo suficiente o porque creen que no es una medida que proteja a las víctimas, es necesario que se empiecen a fortalecer estos sistemas para que creen mayor seguridad a las personas, se confíe en que son mecanismos igualmente efectivos como la privación de la libertad”, dijo.
Por lo anterior, la especialista sostuvo que debe fortalecerse el sistema de ejecución penal fuera de las cárceles para crecer la confianza de la ciudadanía en estas medidas alternas, lo cual a su vez facilitaría a los jueces poder dictarlas.
Agregó que con los referidos mecanismos ayudarían a reducir la sobrepoblación carcelaria, aunque eso no quita el hecho de que se requiere mayor infraestructura, y sobre todo, que en todos los estados, incluido Guanajuato, se haga una efectiva separación entre sentenciados y quienes están en prisión preventiva, pues estos últimos aún deberían gozar de la presunción de inocencia.
