La Comisión Europea (CE) decidió hoy investigar la legalidad de las reformas al Tribunal Constitucional y el control a los medios de comunicación por parte el gobierno conservador en Polonia, ya que al parecer violan el estado de derecho.
Esta es la primera vez que el Ejecutivo de la Unión Europea activa el mecanismo legal que permite sancionar a un país miembro en el que se detecte un viraje autoritario que lo aleje de la democracia.
La investigación incluye la reforma al Tribunal Constitucional que da al gobierno poderes para nombrar a los magistrados, mientras que la reforma de medios le confiere poderes para designar a los principales cargos de emisoras de radio y televisión públicas.
Además de que permiten limitar el número de consejeros del órgano de vigilancia de las mismas.
El mecanismo legal de la CE para sancionar a algún miembro fue creadO en 2014, cuando se temía que el también conservador gobierno de Hungría vulnerase los valores democráticos de la mancomunidad.
Al anunciar la decisión, el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, afirmó que Varsovia no ha aplicado decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional nacional y, en cambio, ha adoptado medidas que perjudican el funcionamiento del mismo.
“Eso me parece una cuestión grave en un país regido por el Estado de Derecho”, sostuvo.
La investigación lanzada este miércoles consiste en un diálogo con las autoridades polacas para determinar si las medidas puestas en marcha configuran una “amenaza sistémica al Estado de Derecho”.
De concluirse que sí, Bruselas publicará enseguida recomendaciones para responder a las inquietudes europeas.
En caso de que persistan las distorsiones, Polonia podría perder el derecho de voto en las decisiones tomadas en el Consejo de la UE, que reune a los máximos representantes de los 28 Estados miembros de la UE.
“El objetivo de esta iniciativa es aclarar los hechos, hacer una evaluación profunda de la situación e iniciar un diálogo con el gobierno polaco sin perjuicio de acciones posteriores”, dijo Timmermans en rueda de prensa.
El comisario insistió en que no pretende cuestionar las “decisiones democráticas adoptadas por el pueblo polaco”, sino “ayudar a encontrar soluciones, en caso de que se necesiten”.
La decisión de la CE fue acogida con satisfacción por organizaciones de defensa de los derechos humanos y por la mayoría de los grupos del Parlamento Europeo, críticos del nuevo régimen de Varsovia.
Después de vencer las elecciones generales del pasado 25 de octubre, el partido nacionalista polaco Ley y Justicia, presidido por Jaroslaw Kaczynski, rechazó aplicar el programa europeo de reubicación de refugiados, reemplazó a los responsables de los servicios secretos del país e inició una controvertida serie de reformas.
