El Ministerio Público logró este sábado la vinculación a proceso penal y prisión preventiva para los cuatro policías preventivos imputados de la muerte del detenido Alejandro Maldonado en los separos de la Central de Policía Poniente, pero además, su investigación pone en evidencia aparentes vicios graves en el procedimiento policial y administrativo en relación con la detención, resguardo y sanción a ciudadanos.
Este sábado se reanudó y concluyó la audiencia de formulación imputación contra los cuatro policías preventivos aprehendidos con orden judicial el pasado jueves por la noche y presentados a dicha audiencia el viernes.
La Procuraduría General de Justicia los identificó como Óscar, Manuel, Ángel y Juan, en un comunicado oficial que emitió para informar de su captura, el pasado viernes 16.
Reinicio de audiencia este sábado.
Tras de un receso para que un defensor público conociera la investigación ministerial; y el nombramiento malogrado de un defensor particular para tres de los acusados, este sábado se reanudó la audiencia con dos recesos más, pero finalmente el Ministerio Público expuso su hipótesis sobre los hechos y los datos de prueba con los que formuló imputación contra los cuatro detenidos.
Básicamente señala a dos policías preventivos ciclistas como quienes detuvieron el 8 de septiembre por la mañana, en el barrio de San Miguel, a Alejandro Maldonado y otros amigos de él por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.
Los abordaron a una patrulla oficial, una pick up marca Dodge Dakota con número 742, tripulada por dos patrulleros, y los colocaron esposados unos con otros para su traslado a una central de policía por falta administrativa, y a bordo colocaron las bicicletas de los policías ciclistas.
Se trasladaron en esas condiciones hasta el bulevar Torres Landa, en inmediaciones del templo de ese barrio, donde se detuvieron y dejaron a los detenidos a bordo de la camioneta con todo y las bicicletas, para acudir (los uniformados) al parecer a almorzar.
Travesura y muerte.
En ese lugar Alejandro Maldonado desprendió la pata metálica con que se puede dejar estacionada una bicicleta, de una de las bicicletas policiales y la arrojó al suelo.
Siguiendo siempre la hipótesis ministerial, Alejandro arrojó dicha pieza cuando los policías volvían a la patrulla y advirtieron lo que ocurría, pero no observaron quién lo había hecho.
Los uniformados ciclistas comenzaron a interrogar a todos los detenidos sobre quién había causado ese desperfecto, y bajo amenaza de golpearlos a todos, lograron que un detenido, ajeno al grupo de Alejandro Maldonado, les revelara quien lo hizo: era Alejandro.
Presunto anuncio de represalias.
Según el Ministerio Público, cuando fue señalado Alejandro Maldonado, los policías ciclistas le advirtieron que lo llevarían “a terreno y le darían una madrina”
De acuerdo con el Ministerio Público, eso significaba darle una golpiza, y enseguida, con todos los detenidos a bordo, los responsables de la patrulla 742 se trasladaron hasta un terreno deshabitado en bulevar León II y calle Gobernadores de Guanajuato, en la colonia León II.
En es sitio, Alejandro Maldonado fue bajado de la camioneta y los policías ciclistas le propinaron una golpiza, primero a puñetazos y luego a puntapiés durante unos 10 minutos.
Luego lo pusieron de nuevo a bordo y pero el detenido tuvo que ser ayudado por otros detenidos por que él ya no podía valerse por sí mismo.
No advierten su estado.
En esas condiciones fue llevado a Cepol Poniente, donde ingresó a las doce del día, aproximadamente, y donde pasó por una revisión médica que no detectó las lesiones que presuntamente llevaba Alejandro por la golpiza.
Después de su muerte, médicos legistas de la Procuraduría General de Justicia, dictaminaron que el cadáver presentaba un total de 36 lesiones entre fracturas de costillas, golpes con aumento de volumen, edemas y excoriaciones, principalmente en el abdomen y el tórax.
La necropsia puso al descubierto un litro y medio de sangre en el abdomen, producto de la hemorragia interna producida por trauma de abdomen, aseguró la fiscalía.
Pero retomando la narración ministerial, esta señala que Alejandro pasó por la audiencia de calificación sin que la oficial calificadora de turno reparara en el estado del lesionado, que resultaba evidente para los otros detenidos, así como para custodios que tuvieron contacto con él o realizaron alguna gestión relacionada con el detenido y que rindieron testimonio ante el Ministerio Público.
Finalmente lo encerraron en la celda número 3, donde poco después moriría y a donde acudió horas después la médica en turno (no la que lo recibió cuando ingresó), quien pidió para él la intervención de paramédicos al advertir el estado de gravedad en que se encontraba.
Cuando cuando los paramédicos llegaron, Alejandro Maldonado había fallecido.
Vinculación:
Con esa exposición de datos de prueba (que a juicio de la jueza de control no logró desvirtuar la defensa de los acusados) tuvo suficiente el Ministerio Público para lograr de la jueza de control, el decreto de vinculación a proceso penal contra los cuatro detenidos.
La jueza concedió a la fiscalía prácticamente todas sus pretensiones pues los vinculó a proceso penal por homicidio calificado y todos ellos en grado de copartícipes (es decir, con la misma responsabilidad).
La jueza razonó su decisión sobre la coparticipación, señalando que los patrulleros de la 742 tuvieron consciencia de lo que pretendían sus compañeros y con esa finalidad los trasladaron hasta el lugar donde Alejandro habría sido agredido, como presume el Ministerio Público.
Para efectos de la investigación ministerial, concedió a la fiscalía su petición de prisión preventiva oficiosa para los acusados durante el tiempo que dure el proceso penal y un plazo de cinco meses para que termine su investigación y se allegue todas las pruebas que considere pertinentes para probar su imputación.
El mismo plazo opera para la defensa de los acusados, a fin de que se allegue los elementos y su estrategia para comprar procurar su absolución.
Aparentes vicios.
Pero el cuadro fáctico (como llaman las autoridades a la exposición de hechos y datos de prueba) trajo a la luz aparentes vicios del procedimiento municipal en relación con el arresto, resguardo y sanción a ciudadanos infractores.
De acuerdo con la acusación, los cuatro agentes involucrados violaron el procedimiento al abordar a los detenidos y dejarlos esposados entre sí en una patrulla en la que quedaron sólo durante el tiempo que se ausentaron, aparentemente para acudir a consumir alimentos.
Según el Ministerio Público, los cuatro violaron el procedimiento también cuando resolvieron trasladar a los detenidos hasta el lugar donde habrían atacado a golpes a Alejando Maldonado, en aparente represalia por el desperfecto que él habría causado a la bicicleta policía.
El personal de Cepol poniente habría violado el procedimiento por proceder a encerrar al arrestado en las condiciones en que se encontraba.
Testimonios de los otros detenidos y de custodios así como de un policía municipal comisionado como custodio, señalan que observaron que el detenido estaba mal físicamente: se quejaba de dolor en el abdomen; había vomitado varias veces y no podía mantenerse en pie por sí mismo.
La médica municipal Wendy Chávez, habría hecho la revisión de Alejandro a su ingreso bajo arresto de manera deficiente pues no revisó físicamente al arrestado sino que anotó que no tenía lesiones sólo porque él habría referido que las únicas lesiones que presentaba eran en las rodillas.
Habría dictaminado de esa manera a pesar de que el detenido denotaba estar lesionado de gravedad, según la apreciación ministerial.
La misma médica habría reconocido en una ampliación de su primera declaración ante el Ministerio Público, que no hizo una revisión física del detenido porque tenían en la Central de Policía una carga de trabajo muy pesada.
Según el Ministerio Público, la oficial calificadora Ariadna Alvarado, habría pasado por alto el estado evidente del arrestado lesionado, y ordenó su encierro en la Celda número Tres, donde moriría más tarde.
Todas esas son observaciones ministeriales hechas en la audiencia judicial de este sábado y quedaron registradas en la videograbación que hace el sistema de justicia de oralidad en todas ellas.
Hasta este sábado, la Procuraduría General de Justicia no ha informado si cerró la investigación o abrió desglose para investigar la posible responsabilidad de otras personas por el homicidio u por otros delitos.
El gobierno municipal tampoco ha revelado si inició investigación administrativa para deslindar responsabilidades en lo interno.
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