Héctor González González, uno de los nuevos dueños del Estadio León, pelea nuevamente en tribunales contra el gobierno, pero ahora él es el acusado: en noviembre de 2017 la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) presentó una demanda en su contra por no comprobar el uso del dinero público que se le entregó hace seis años.
Además, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) investiga a funcionarios del estado por no supervisar a tiempo que Héctor González cumpliera con sus compromisos.
En 2012 la Comisión para la Atracción de Inversiones del estado autorizó entregar 150 mil pesos a tres empresas de Héctor González; con este dinero pagaría trámites y generaría empleos.
El empresario no cumplió. En su declaración de impuestos no incluyó los recursos que le entregaron a través de la entonces Secretaría de Finanzas y Administración, incumpliendo la cláusula octava del convenio de aportación de recursos número SAI-31/12; tampoco acató la cláusula sexta ya que no comprobó el pago de los trámites con el dinero público, y falló además en la generación de empleos, incumpliendo así con la cláusula décima.
El 18 de junio de 2013, un año después del plazo, la SDES le notificó que había incumplido con la comprobación del uso de recursos públicos, y en enero de 2014, el año en que Héctor González ganó en primera instancia la propiedad del Estadio León, le informaron que también falló en la generación de empleos. Irónicamente, ese mismo año la Comisión para la Atracción de Inversiones autorizó entregarle más dinero, ahora para un Parque Industrial.
El empresario ignoró la petición de las autoridades estatales y no comprobó el uso de recursos públicos, según consta en el Informe de Resultados de la Auditoría Financiera del 30 de octubre de 2014 que practicó el entonces Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a la SDES.
“(Los funcionarios de la SDES) actuaron bastante tiempo después, no verificando el cumplimiento de dicho convenio de manera oportuna. Dado lo anterior (…) es procedente denunciar la probable comisión de faltas administrativas, a fin de que se instaure y sustancie el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del servidor público señalado como presunto responsable”, señala la auditoría.
En diciembre de 2015, Héctor González debió pagar al estado una cantidad por cada empleo no generado de los 90 que se había comprometido. Tampoco lo hizo.
La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) notificó a la STRC los resultados de la auditoría el 4 de marzo de 2016; el proceso para determinar la presunta responsabilidad de funcionarios de la SDES sigue en análisis jurídico.
Entrevistado por Noticieros en Línea, el secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Romero, confirmó que en noviembre de 2017 interpusieron una demanda en contra de las tres empresas de Héctor González; el procedimiento se encuentra para audiencia final en el Juzgado Segundo Civil, en Irapuato.
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