Aprueban Ley de Responsabilidades Administrativas

Aprueban Ley de Responsabilidades Administrativas

El Pleno del Congreso aprobó la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato que incluye la posibilidad de sancionar a

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El Pleno del Congreso aprobó la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato que incluye la posibilidad de sancionar a particulares que sobornen o busquen ventajas indebidas en la prestación de un servicio al gobierno.

La nueva legislación que se incluye dentro del sistema anticorrupción estatal, establece las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

En tribuna, habló a favor del dictamen, la presidenta de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Y también les pido que digamos sí a sancionar severamente a los particulares que se vinculen también con faltas administrativas graves como el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, la utilización de información falsa, la de facultades de investigación, la colusión, el uso indebido de los recursos públicos y también la contratación indebida de ex servidores públicos”

También, crea las bases para que toda entidad pública en Guanajuato establezca políticas eficaces de ética y responsabilidad en el servicio público.

De igual forma, permitirá tener el conocimiento certero del estado que guarda el patrimonio de los sujetos obligados, desde el inicio de su actividad y su evolución durante el servicio público.

Adicionalmente se armoniza con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual es de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer las competencias entre los tres órdenes de gobierno.

Con esta nueva Ley se establecen y sancionan las faltas administrativas graves que cometen los servidores públicos, el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, entre otras prácticas.

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