Además de ser contratista del Gobierno estatal, la presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia en León, Rocío Margarita Naveja Oliva, fue contratista del Municipio durante la pasada administración.
De acuerdo a información obtenida vía acceso a la información, Rocío Naveja firmó dos contratos durante el trienio que encabezó la priista y actual diputada federal, Bárbara Botello.
El primero de ellos, celebrado el 2 de septiembre del 2013, fue para brindar una “capacitación especializada en seguridad ciudadana” a funcionarios de la administración municipal.
El objetivo de la capacitación fue, según consta en el contrato:
“Formar cuadros de servidores públicos en materia de seguridad y convivencia ciudadana con perspectiva de género, capaces de convertirse en multiplicadores, sensibilizadores y receptivos a las necesidades y problemas de la población, que puedan ejecutar proyectos enfocados a prevenir violencias y la delincuencia”.
Por esta capacitación, el Municipio pagó 900 mil pesos y la vigencia del mismo fue del 2 de septiembre al 30 de noviembre del 2013.
El documento fue firmado por la entonces alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, el secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz García y Rocío Naveja Oliva; con el visto bueno del otrora secretario de Seguridad Pública -el primero de los tres que hubo en esa administración-, Miguel Pizarro Arzate, y el entonces director de Prevención del Delito, Moisés Herrera Saldaña.
Casi un año después, el 31 de julio del 2014, la Presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia logró obtener un contrato más: capacitar a 70 funcionarios municipales como parte del Programa de Fortalecimiento a las Capacidades Institucionales.
El objetivo fue impulsar el diseño de programas de formación para que adquieran conocimientos y herramientas especializadas en prevención social de la violencia y la delincuencia, y se sensibilicen sobre los procedimientos para planear e implementar políticas públicas de seguridad ciudadana.
La vigencia de éste fue de agosto del 2014 al 31 de diciembre de ese mismo año; el monto del contrato fue también de 900 mil pesos.
Este último también fue firmado por Bárbara Botello, Martín Ortiz y Rocío Naveja, con el visto bueno de Francisco Aguilera Candelas como Secretario de Seguridad Pública y de Carlos Gustavo Torres Navarro como director de Prevención del Delito, hoy amparado ante acusaciones de fraude hechas por la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato.
Estos contratos se suman a los que obtuvo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, que en total representaron casi 8 millones de pesos, en un lapso menor a tres años.
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