Tras aceptar que la empresa Toyota rechazó el financiamiento que ofreció el Gobierno de Guanajuato para la compra de los terrenos para la instalación y pidió que fuera la autoridad estatal la que se hiciera cargo de esta operación, gobernador Miguel Márquez rechazó, haya habido presión de la trasnacional para que su administración hiciera directamente esa operación.
El documento difundido por el activista Roberto Saucedo Pimentel señala que la empresa por conducto de Mike Bafan, presidente de Toyota Motor de México S. de R.L. de C.V. sabía que el Gobierno Estatal no se involucraba más en la compra de tierras pero la compañía pidió como condición para su establecimiento en la entidad que el Gobierno realizara las negociaciones.
El mandatario estatal admitió la existencia de ese oficio pero dijo que es algo normal, que en cualquier país se da. Expuso que no lo hizo público porque la empresa le pidió, solo fuera al interior.
A pregunta expresa, el mandatario estatal rechazó cualquier suspicacia sobre este particular.
“Ya auditaron, ya estuvo bueno de tantas especulaciones. Se hizo una auditoría integral. Yo la solicité, yo mismo solicité esa auditoría. Ahí están los resultados. Afortunadamente de carácter técnico ya no de carácter político, y bueno pues lo que haya. Ahí va a resultar y punto. Yo creo que ya dejemos que trabajen las empresas, que generen empleos, basta de especulaciones”
En otro tema, el gobernador Márquez dijo que la planta que pretende instalar en San Luis de la Paz The Chemours Company no es peligrosa para el medio ambiente ni para la población y que ya cuenta con el permiso de la Semarnat por lo que si el Municipio otorga el uso de suelo, el Estado no tiene ninguna objeción.
A principios de año, el gobernador manifestó su rechazo rotundo a que la planta se instalara en Salamanca por el pasivo ambiental que tiene ese Municipio; sin embargo no puso ninguna objeción cuando la opción fue San Luis de la Paz.
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