La médica municipal en León, Wendy Chávez Inocencio, asignada a la Central de Policía Poniente, fue vinculada a proceso penal por homicidio culposo, cometido en agravio de Alejandro Maldonado Medina.
En audiencia de imputación, este miércoles se declaró a la doctora Chávez Inocencio, probable responsable de homicidio culposo cometido en agravio de Maldonado Medina y se le impuso separación del cargo como servidora pública por el tiempo que dure el proceso en su contra.
Además deberá acudir periódicamente al Juzgado Regional de Oralidad y presentarse ante la autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares.
Así resolvió este miércoles el juez de control Francisco Aguilera Cid, quien presidio la audiencia de imputación, a la que acudió puntual la médica legista municipal, Chávez Inocencio, previa citación que le hizo la autoridad judicial.
A ella se le imputa, a título de culpa, la muerte del infractor Maldonado Medina, remitido a los separos de la Central de Policía Poniente en septiembre del 2016, por policías preventivos de León quienes antes de depositarlo allí, lo golpearon salvajemente.
En su momento, cuatro policías preventivos fueron procesados y condenados pero solo por lesiones que ponen en peligro la vida, en un procedimiento abreviado. La media no fue imputada en ese proceso.
Con esa resolución, los agentes involucrados fueron exhonerados del delito de homicidio calificado, pese a que las lesiones que causaron, derivaron en la muerte de la víctima.
Pero la autoridad judicial, convencida por la defensa de los acusados, concedió que Maldonado Medina no murió por causa de las lesiones en sí, sino porque no recibió la atención médica obligada por protocolo, cuando fue remitido a los separos, y esa falta de atención fue la causa de la muerte.
Eso dejó en evidencia la labor de la médica Chávez Inocencio, quien ahora es procesada por homicidio culposo. Las autoridades calificaron como una culpa inconsciente, aquella en la que probablemente incurrió la médica: la omisión de la revisión y atención de Maldonado Medina cuando fue ingresado a los separos.
El juez Aguilera Cid, tras declararla vinculada a proceso penal, le impuso como medidas cautelares la obligación de acudir a firmar cada semana al Juzgado Regional de Oralidad para demostrar que está presente y atenta a cumplir con las obligaciones del procedimiento, y además le impuso separación del cargo como servidora pública por el tiempo que se prolongue el procedimiento.
El juez otorgó al Ministerio Público cuatro meses para terminar su investigación, con miras a los preparativos de juicio de oralidad.
Pero este caso, sin embargo, aún podría ampliarse la investigación a otras personas relacionadas con los protocolos de manejo de detenidos en las centrales de policía; aunque el Ministerio Público sólo ha ejercitado acción penal en contra de la doctora Chávez Inocencio, por ahora.
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