Después de varias semanas de socialización con más de 5 mil personas y de análisis en mesas de trabajo con el ayuntamiento, por fin fue aprobado por mayoría en la Comisión de Gobierno el nuevo reglamento de Policía y Vialidad que incluye un incremento en el costo de las sanciones para quien infrinja alguno de los artículos de esta normativa, inclusión de ciclistas y peatones en este sistema, trabajo comunitario para algunos infractores, multas especiales para quienes sean servidores públicos y la eliminación de la multa de 13 mil pesos para el conductor que se niegue a bajar de su vehículo y colaborar con el operativo alcoholímetro.
Cuando parecía que ya todo el análisis había concluido en mesas de trabajo, el regidor del Partido Verde, Gerardo Fernández, presentó una serie de reservas pues no aprueba que se impongan sanciones con un costo al doble para los servidores públicos que violen el reglamento vial cuando vayan en un vehículo oficial, pues considera que es una violación a los derechos humanos; pidió que ya no se permita que circulen carretas jaladas por animales en las vialidades, que se empadrone a los franeleros y que no se le retiren a los ciclistas su vehículo al ser su único medio de transporte, peticiones que finalmente le fueron rechazadas por los integrantes de la comisión, lo que molestó al edil y generó una pequeña discusión con el presidente de la misma.
Por otro lado el regidor Salvador Sánchez Romero apuntó que la próxima semana se llevara este dictamen a votación en el pleno del Ayuntamiento y entrará en vigor en los primeros días del mes de enero, pues lo que resta del año se tendrán que hacer varias adecuaciones en el tema de capacitación a los agentes viales, compra de bodycam, establecimiento de las medidas para la aplicación de trabajo comunitario, preparación de separos para recibir a los infractores que ameriten el arresto, como es el caso de aquellos que conduzcan en estado de ebriedad, y preparar todos los procesos administrativos que deberán de seguirse además de campañas para concientizar a los ciudadanos sobre la falta cometida y el costo que tendrán que asumir a partir del 2019.
El presidente de la comisión de gobierno dijo que después de todo este análisis se decidió eliminar la propuesta inicial de cobrar 13 mil pesos a los conductores ebrios que se nieguen a colaborar con el operativo alcoholímetro para ser certificados.
Dentro de las modificaciones al reglamento de Policía y Vialidad una de las sanciones más altas es la de participar en arrancones y circular a exceso de velocidad pues quien lo haga deberá pagar 4 mil 836 pesos, llevar niños en asientos delanteros 3 mil 627; estacionarse en espacios para persona con discapacidad 3 mil 627; hablar por teléfono celular mientras se conduce transporte público 3 mil 627 y para particulares será de 3 mil 224, por mencionar algunas de las más importantes.
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