Cerca de 200 trabajadores vinculados a la industria de los eventos sociales se manifestaron en León, afuera de la Presidencia municipal, para pedirle a la autoridad que les permita trabajar, pues desde que el semáforo regresó a rojo en diciembre, este tipo de eventos están prohibidos en el estado.
El contingente se reunió este miércoles por la mañana en el Arco de la Calzada, y de ahí caminaron hacia la Presidencia por la calle Madero.
Laura Leticia Velázquez, una de las líderes de este movimiento, apuntó que desde que comenzó la pandemia en Guanajuato, este sector acumula pérdidas cercanas a los 500 millones de pesos, y cerca de 50 mil familias en León se han visto afectadas.
Por su parte, Eusebio Rico, representante de un grupo de meseros, señaló que es injusto que al resto de empresas se les permita laborar, y solo a quienes se dedican a los eventos sociales o empresariales, no.
“No hemos tenido eventos, trabajamos noviembre y diciembre muy poquito, pero ya otra vez se cerró esto y pues lo que queremos trabajar. Las demás empresas no han cerrado, todos los camiones bien llenos y solo nosotros no podemos trabajar, nosotros también comemos y pagamos impuestos, entonces lo que queremos es que nos dejen trabajar en los salones de eventos”, dijo.
En tanto, Jesús Marcelo Hernández, quien es DJ, indicó que ante la prohibición de eventos, ha tenido que laborar como fontanero o haciendo fletes para tener algo de dinero para su familia.
“Somos un grupo de personas que queremos pedir ayuda, que nos dejen trabajar; sabemos que estamos pasando por una contingencia muy fuerte, pero estamos tratando siempre de mantener los protocolos que nos piden, y los hemos cumplido hasta el momento. Ahorita venimos a eso, con la intención de que nos escuchen y que nos den la oportunidad de trabajar”, dijo.
Fueron dos principales peticiones las que entregaron los manifestantes en Presidencia: que a partir de febrero permitan eventos sociales y empresariales solo en recintos que cuenten con el certificado “Guanajuato Sano” y con un aforo no mayor al 30%, o en caso contrario, que se entregue un apoyo económico mensual en lo que dura la prohibición de estas reuniones.
