El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) señaló que los estados podrán acceder al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores Indígenas (Paniti), en caso de requerir alguno en el nuevo Sistema de Justicia Penal.
El titular del Inali, Javier López Sánchez, reportó que se han formado y certificado 600 intérpretes y traductores, “pero falta cubrir más lenguas y es allí donde se tiene que trabajar más”.
En entrevista con Notimex, expuso que en Yucatán hay intérpretes que de manera directa se incorporan a los ámbitos de justicia, mientras en otras entidades son llamados cuando se les requiere.
Mencionó que con el nuevo Sistema de Justicia Penal y los juicios orales se prevé la firma de un convenio entre la Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (CDI) a fin de poner a disposición de los estados el Paniti.
“Es una plataforma en línea del Inali, en la que están datos y particularidades del intérprete de la lengua que se trate, de los que tenemos. Les daríamos (a los estados) códigos de acceso y de esa manera contribuir en ese sentido”, apuntó.
Asimismo, afirmó que “la nueva realidad del sistema penal exigirá la formación de más personal”.
En este momento, abundó López Sánchez, se cubren las necesidades en lenguas indígenas que más se han identificado junto con la CDI y la Procuraduría General de la República (PGR), por dificultades de problemas familiares o relacionados con transportes de estupefacientes o armas de fuego.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay cerca de 16 millones de indígenas en México, de quienes unos siete millones hablan su lengua materna y español mientras el resto sólo español.
“Del total, arriba de un millón habla exclusivamente su lengua originaria y de estos, el 60 por ciento son mujeres” refirió.
El año pasado, continuó, la Suprema Corte determinó que todo sujeto que habla otra lengua tiene derecho a utilizarla mediante un intérprete, pues en casos delicados de justicia, éstos prefieren su lengua materna aunque puedan llevar una conversación en español.
Por tanto, anotó, “es obligación del Estado mexicano proporcionar un intérprete o traductor, por lo cual se identifican ya abogados indígenas”.
Junto con la Defensoría Pública federal, la CDI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Inali implementó una formación complementaria para estos abogados, a fin de que tengan perspectiva de una justicia intercultural.
Hasta 2011 había unos ocho mil presos indígenas en todo el país, de los cuales 60 por ciento no tuvieron posibilidad y acceso a un intérprete o traductor al hablar sólo su lengua originaria, añadió.
En el nuevo sistema penal acusatorio, continuó, “los traductores tendrán un papel preponderante, pues una mala interpretación de la justicia puede implicar el encarcelar o liberar a alguien, y en el fondo se trata de los derechos fundamentales”.
