La sobrepoblación en las cárceles de Guanajuato y en muchos estados del país es producto del creciente catálogo de delitos que amerita prisión preventiva de oficio, a la alta carga de trabajo de los defensores públicos y de la tendencia entre los jueces para dictar prisión preventiva como medida cautelar.
Así lo afirmó María Sirvent Bravo Ahuja, socia fundadora y director ejecutiva de “Documenta A.C.”, que trabaja en favor de un sistema de justicia respetuoso de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en conflicto con la ley y con discapacidad psicosocial o intelectual.
En entrevista, indicó que a partir de 2020 se notó un acelerado crecimiento en la población carcelaria, producto de las reformas al artículo 19 constitucional que aumentó la cantidad de delitos meritorios de prisión preventiva de oficio.
Además, aseguró que existe una preocupante tendencia entre los jueces de dictar dicha medida cautelar, que en el país se aplica en promedio al 85% de los detenidos, según dijo, cuando en realidad la prisión preventiva debería ser la excepción, no la regla.
Estas circunstancias provocan la sobresaturación de cárceles, justo lo contrario a las recomendaciones internacionales que pedían despresurizarlas con motivo de la pandemia de la covid-19.
“Evidentemente esto se vuelve más grave cuando estamos en medio de una pandemia que el objetivo era despresurizar las prisiones, de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales, y no que aumentara la prisión. Los jueces debieron haber liberado a más personas, no encarcelando a más; eso es lo grave, la falta de conciencia sobre el problema”, dijo.
Además, dijo que alarma mucho que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presuma que en los primeros tres años ha triplicado la cantidad de encarcelados en comparación con todo el sexenio pasado, pues una tercera parte de los reos están recluidos sin haber recibido una sentencia.
A lo anterior se suma la gran carga de trabajo que tienen los defensores públicos, que se encargan de alrededor de 300 casos por año, en promedio en el país, indicó la directora de Documenta A.C.
“No es forzoso que si detienes a personas la delincuencia baja, porque además tenemos que analizar quiénes están en prisión, qué personas, por cuáles delitos, si son graves, si son personas en situación de vulnerabilidad, sin recursos. ¿Quiénes son la mayoría que están en prisión, los grandes delincuentes o quiénes?”, dijo.
Finalmente, María Sirvent señaló que para combatir el problema no es solo necesario reducir el catálogo de delitos con prisión preventiva de oficio, sino también cambiar la cultura punitiva hacia un modelo de reinserción social efectiva.
