El nuevo acuerdo tarifario no es un cheque en blanco a los empresarios del transporte público, pues el gobierno municipal vigilará rigurosamente el cumplimiento de cada uno de los compromisos o de lo contrario habría sanciones y hasta el retiro de las concesiones, advirtió el alcalde de León, Héctor López Santillana.
Luego de aprobarse en el Cabido la actualización a la tarifa, el alcalde afirmó en rueda de prensa que él es el primero en oponerse a afectar el bolsillo de los ciudadanos, pero debía atender la solicitud que le hicieron los concesionarios para actualizar la tarifa, de tal forma que se generó un proceso de revisión responsable en donde se exploraron todas las posibilidades como la municipalización del servicio o subsidiar la tarifa lo cual requiere de apoyos estatales y federales, lo cual resulta inviable en estos momentos.
Señaló que la propuesta de Movilidad de aumentar un peso a la tarifas fue mucho menor a lo que pedían los empresarios del sector y subrayó que se llegó a un acuerdo en el que se marca una serie de compromisos que deberán de cumplir tanto la autoridad como concesionarios.
“Que quede claro que este ajuste no es un cheque en blanco, las exigencias ciudadanas se transformaron en compromisos que se van a cumplir porque lo que sí es viable es que si alguna empresa no cumple se le sancionará y si persiste se podría llegar a revocar la concesión”.
El munícipe se dijo respetuoso de las manifestaciones políticas y ciudadanas que se dieron durante la sesión de Ayuntamiento, aceptó el costo político que implica el ajuste a la tarifa y reconoció la necesidad de revisar y reformar el Reglamento de Transporte, así como reiteró que no habrá ninguna indexación en lo que resta de su trienio a pesar de que era algo por lo que también pugnaban los concesionarios.
Subrayó que la responsabilidad en esta decisión es compartida con el gobierno de la República, pues hubo un compromiso de bajar el costo de los combustibles y no fue así.
Por último, Héctor López Santillana afirmó que este mismo año se hará un rediseño de las rutas, modernizar el sistema de semaforización y fortalecer tanto la infraestructura como la aplicación de los reglamentos viales para atender las principales demandas de los usuarios del servicio del transporte público.
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