Con una sobrepoblación del 20% de su capacidad instalada, los ocho Centros de Readaptación Social de Guanajuato revisados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos padecen otras problemáticas como la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y la deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento.
Así lo señala la Procuraduría de los Derechos Humanos en las respuestas a preguntas de diputados locales que forman parte del proceso de revisión del informe entregado al Poder Legislativo por el ombudsperson Vicente Esqueda Méndez en la primera quincena de mayo.
A una pregunta de la fracción panista que solicita los resultados de las visitas que se hicieron a los 8 ceresos del Estado que se ubican en Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, San Felipe, San Miguel de Allende y Valle de Santiago Femenil, la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos señala que el total de población penitenciaria es de 7,244 personas cuando la capacidad instalada es de 6,043.
Según la PDHEG, el Diagnóstico Nacional calificó en su informe del pasado 27 de abril entre otros, los siguientes temas como importantes para prestar atención por parte del Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato, además de los ya mencionados anteriormente.
-Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro
-Deficiente separación entre procesados y sentenciados, Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad
-Insuficiencia de actividades educativas/laborales y de capacitación
-Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias
-Insuficiencia de personal de seguridad y custodia, Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria y Deficiencia en la atención a personas adultas mayores/ discapacidad/ indígenas/OSIG/personas que viven con VIH o SIDA
Otra pregunta por escrito dirigida al ombudsperson cuestiona el avance del cumplimiento de las recomendaciones emitidas al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL) tras el accidente en la planta de tratamiento de aguas residuales en el que perdieron la vida 5 trabajadores.
Refiere la PEDHG que de los tres resolutivos que se dirigieron a la persona titular del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato solo queda pendiente un punto, que consiste en que las víctimas indirectas sean inscritas como beneficiarias de la seguridad social.
“Por otra parte, dos resolutivos fueron dirigidos a la persona titular de la Contraloría Municipal de León, Guanajuato, quedando pendiente de cumplimiento uno, consistente en la emisión de la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del entonces Director de Asesoría e investigaciones de la Contraloría Municipal de León”, señala el documento.
