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Aprueban cambios en la integración de Comisiones Permanentes

Guanajuato, Gto.- El Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, en la sesión ordinaria celebrada este…

By Redacción , in Estado , at 9 abril, 2015 Etiquetas:

Guanajuato, Gto.- El Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, en la sesión ordinaria celebrada este día, aprobó modificaciones en la integración de varias comisiones permanentes y varios dictámenes.

Por lo que toca a la integración de comisiones permanentes, resaltan los cambios en dos presidencias: la diputada Martha Elena Lara Méndez asume la presidencia de la Comisión para la Igualdad de Género y el diputado Pedro Chávez Arredondo lo hace en la de Educación, Ciencia y Tecnología y cultura. Las restantes modificaciones tienen que ver con la integración a estas instancias del trabajo legislativo de diputadas y diputados que rindieron protesta al cargo el pasado 26 de marzo.

También se designaron nuevos integrantes de la Comisión de Responsabilidades. Electos por insaculación, se integran a esta comisión: como tercer vocal, el diputado Francisco Javier Contreras Ramírez; como secretario, el diputado Cuauhtémoc Prado Nava; y como primer suplente, el diputado Galo Carrillo Villalpando.

En esta sesión también se aprobó el acuerdo mediante el cual se archiva la iniciativa de reformas a la Ley de Educación para la entidad, presentada por el diputado Marco Antonio Miranda Mazcorro, representante parlamentario del Partido Nueva Alianza, en la que proponía acciones para que los estudiantes de educación pública media superior pudieran con un empleo de medio tiempo durante el tiempo de sus estudios mediante convenios entre el gobierno del estado y empresarios y procurar que los jóvenes no abandonen sus estudios por motivos económicos, mejoren el desempeño académico e impulsen el desarrollo profesional.

En contra de esta determinación, el diputado Miranda Mazcorro proponente rechazó los argumentos expuestos en el dictamen por parte de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para estimar como no procedente su propuesta, pues consideró que dichos argumentos no tienen relación  con lo que él plantea en su iniciativa.

Opinó que no hubo un análisis riguroso de la propuesta y que se dejaron al margen opiniones expresadas por la Consejería General Jurídica del gobierno estatal, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, además de algunos ayuntamientos, que compartían el espíritu y los beneficios sociales que podría generar la iniciativa.

Mencionó estadísticas de deserción escolar en el nivel medio superior y sostuvo que esos jóvenes que abandonan los estudios irán a otros espacios que pueden no ser los apropiados para su desarrollo, por lo que lamentó que no se haya atendido favorablemente la propuesta y pidió el voto en contra del acuerdo para archivarla.

La Asamblea declaró revisadas las cuentas públicas municipales de Abasolo, por el periodo de julio a diciembre de 2012 y aprobó los dictámenes sobre los informes de resultados de las revisiones practicadas al ejercicio de recursos del Ramo 33 y de obra pública que realizaron las administraciones municipales de Apaseo el Alto (ejercicio 2012) y de Celaya (ejercicio 2013).

Asimismo, se aprobó para el ayuntamiento de Guanajuato la duplicidad del término estipulado en la Ley de Fiscalización Superior, para ejercer las acciones civiles derivadas del informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por el ejercicio fiscal 2012.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Luis Felipe Luna Obregón, informó a la Asamblea sobre la recepción del informe anual de actividades del procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y turnó el documento a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización se remitió la iniciativa del ayuntamiento de Uriangato, para que se la autorice a afectar los ingresos que le corresponden del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en garantía del cumplimiento de las obligaciones a su cargo por concepto de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descarga de aguas residuales.