Por unanimidad de votos, el pleno del Congreso del Estado aprobó los decretos aprobados por el Congreso Federal para la creación de la Guardia Nacional y la reforma que permite incluir nueve delitos más entre los que se aplica la prisión preventiva oficiosa.
Por lo menos un diputado de cada una de las fracciones y representaciones parlamentarias subió a tribuna a ponderar los beneficios de las respectivas leyes.
Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Seguridad, el panista Rolando Alcántar Rojas destacó los resultados obtenidos después del intenso debate y dijo que, el resultado, como lo señalaba el dictamen era una guardia nacional que no implicaba de ninguna manera la militarización de la seguridad pública, por el contrario, será formada bajo su carácter civil que garantiza que las operaciones de dicha guardia estarán encaminadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos.
“Es importante por supuesto, también exigir mayor velocidad en la implementación de la Guardia Nacional, hace más de un mes se anunció la llegada de 600 elementos federales a cuatro regiones del estado de Guanajuato, una de ellas Salamanca, es hora que no se materializa el arribo anunciado”, dijo.
Por su parte, el priista Hugo Varela Flores dijo que ante la incapacidad material que han mostrado las instancias de seguridad de los tres niveles de gobierno, la propuesta de la Guardia Nacional ha generado una intensa polémica y debate tanto en las cámaras que conforman el Congreso de la Unión como en el ámbito social, en el cual se han manifestado posturas en contra de la intervención de las fuerzas militares en la procuración de la seguridad interior.
“Creemos que no existe contravención alguna con la norma suprema ni con tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, pero más que nada, la apoyamos sin reservas”.
Respecto a la aprobación de la prisión preventiva oficiosa el priista José Huerta Aboytes indicó que con esta modificación se evitará la ‘puerta giratoria’, ya que una de las situaciones que más ofende y lastima a las víctimas, es constatar que quienes perpetraron los ilícitos en su contra y de sus familias, aún después de reconocerse responsables, siguen gozando del privilegio de llevar su proceso en libertad.
Huerta Aboytes dijo que su partido está consciente de que hay voces, incluso dentro del propio PRI que censuraron esta reforma pero que hay suficientes elementos para creer que es una reforma impostergable.
“Porque ante la ineficacia de otros instrumentos, la consideramos una saludable y nueva oportunidad para procurar la recuperación de la paz pública y la tranquilidad social y disentimos de las voces discordantes de quienes en un arrebato exaltado de garantismo la han considerado como una amenaza contra los derechos humanos”.
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