Por unanimidad, el Pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Penal con las que se sancionará con una pena mayor e inhabilitación a los servidores públicos, pertenecientes a corporaciones seguridad, que faciliten información para la realización de conductas delictivas, una práctica popularmente conocida como “halconeo”.
La propuesta aprobada contempla una pena de dos a siete años de cárcel al ciudadano que proporcione información a los criminales sobre las tareas de seguridad pública, y de tres a nueve años de cárcel e inhabilitación de su labor a los servidores públicos que cometan este delito.
La pena aumentará hasta en una mitad más cuando se trate de exservidores públicos de seguridad y justicia, a quien utilice menores de edad y a quien intervenga mediante algún equipo la comunicación de elementos de seguridad.
En tribuna, la diputada panista Cristina Márquez habló de los efectos de esta reforma.
“Es preocupante cuando el crimen recurre a la población para realizar esta indigna labor y es incluso peor cuando los informantes son servidores públicos, servidores que traicionan en primer lugar a sus propios compañeros, a la ley y a la confianza de los ciudadanos, esto es algo que los guanajuatenses no podemos permitir”.
Márquez Alcalá precisó que, con esta nueva redacción, la pena de prisión podrá superar los 13 años y también se contemplará en forma específica el proporcionar información con el objetivo de entorpecer el cumplimiento de las acciones de ejecución de penas, así como de las funciones de seguridad, procuración e impartición de justicia.
Además, dijo se contemplan penas que pueden llegar a superar los 10 años de prisión, no sólo para los que informen, sino también para los que pretendan obtener información sobre las actividades de los servidores públicos en el ámbito de ejecución de penas, seguridad pública, procuración o administración de justicia, con el objetivo de cometer crímenes o entorpecer el trabajo de estas instituciones.
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