Propietarios de bares, cantinas, restaurantes y hoteles de Guanajuato buscarán que el gobierno del estado baje los costos de las licencias para vender alcohol y del refrendo de las mismas, pues dijo, estas no son acordes al escenario económico que se vive por la pandemia de la covid.
La Red Estatal de Bares y Cantinas, la Canirac, la Asociación de Hoteles y Moteles e Irysa ofrecieron una rueda de prensa en la cual celebraron que la administración estatal haya dado una prórroga de un año para regularizar las licencias para vender alcohol conforme a la nueva legislación en la materia.
Sin embargo, Javier Quiroga, presidente de la Red Estatal de Bares, indicó que queda pendiente el reformar la citada ley para que se diferencien los requisitos que deben cumplir los negocios ya establecidos, respecto a los que deberán acatar los nuevos.
Asimismo, indicó que también se buscará reducir el precio de las referidas licencias, cuyo precio actual va desde los 135 mil hasta los 300 mil pesos, cuando hasta agosto del año pasado, su costo en promedio era 50%.
“Fue un incremento que no era el momento de establecer por las condiciones postpandemia que estamos padeciendo, de tal forma que estaremos buscando que se ajusten estos valores a una condición de mayor actualidad. El costo del refrendo también se incrementó en algunos casos 120%, de pagar 6 mil se pagan ahora 13 mil pesos, no en todos los casos, es una fórmula que establecieron los legisladores, entonces estamos siguiendo estas negociaciones con la finalidad de buscar que se tengan valores reales en función de este contexto”, dijo.
Asimismo, destacó que la Ley de Bebidas Alcohólicas otorga más facultades al SATEG para combatir los establecimientos donde, de forma clandestina, se vende alcohol sin que nadie los sancione.
“Hay muchísimos establecimientos en León de todo tipo de venta de alcohol que viven en la clandestinidad o que alguien los tolera, y así nos podemos dar cuenta que hay venta de alcohol en coctelerías de tianguis, en mercados, en puestos de mariscos, en la tiendita, que pareciera ser que todos conocemos dónde, menos la autoridad”, afirmó.
En relación con la colocación de alcoholímetros en lo negocios donde se venda alcohol en envase abierto, lo cual es obligatorio por la nueva ley, la presidenta de la Canirac, Helen Anaya, señaló que esta medida se revisará el próximo año, dado el complicado panorama financiero que atraviesa este sector.
Sostuvo que tendrán que homologarse las características que deben tener estos dispositivos, los cuales podrían ser patrocinados por las propias compañías vinícolas o cerveceras, o revisarse algún esquema que no impacte tanto a los propietarios.
Sin embargo, la líder de los restauranteros en la ciudad también afirmó que la mayoría de quienes conducen en estado de ebriedad no salen de estos establecimientos, sino que provienen de fiestas particulares o los llamados “afters”.
