El alcalde, Héctor López Santillana, debe ser consciente de que a la ciudadanía lo que le interesa es que cada vez haya una mayor cantidad de policías capacitados para recibir denuncias, sin importar si están certificados o no por la Fiscalía General del Estado, órgano responsable del retraso que hay en la implementación del nuevo programa de seguridad del municipio.
Así lo afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, quien lamentó que Santillana asuma una postura políticamente correcta al querer que la Fiscalía encabezada por Carlos Zamarripa avale la capacitación que los 25 elementos ya instruidos en esta materia pudieran dar a otros compañeros de la corporación.
“El hecho de que los policías estén certificados la verdad es que a la gente no le importa, a los ciudadanos les vale sombrilla lo que es el CALEA y cualquier otra certificación, lo que quieren son resultados y lo que nosotros como ciudadanos queremos son policías capacitados para recibir denuncias para generar una mayor información para abatir la cifra negra y todos los beneficios que ello conlleva.
“El alcalde debe dejarse ayudar en ese sentido, entendemos que él a veces, como político que es, quiere hacer lo que es políticamente correcto y de alguna manera someterse al fiscal, pero nosotros como ciudadanos no podemos permitir o tolerar que imperen ese tipo de visiones en la problemática que tenemos”, declaró en entrevista.
Castellanos subrayó que es elemental zafarse de los tiempos y disponibilidad de la Fiscalía, pues de no hacerlo, entonces la meta de capacitar a 400 policías en esta materia antes de que concluya el año, no se cumplirá y quizás tampoco se logre en 2020, pues se capacitarían a 25 cada dos o tres meses.
Sobre el software que desarrolló la Fiscalía para que los elementos municipales reciban denuncias, el presidente del organismo empresarial sostuvo que este debe estar a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública de León, pues dijo, sería perverso que la Fiscalía busque limitar la facultad del Municipio para recibir denuncias.
“Evidentemente ese software está financiado con recursos públicos, por lo que debería estar abierto a cualquier Policía acreditada por la Secretaría de Seguridad Pública, en la Academia Metropolitana o en estos modelos de replicar la capacitación, pero obviamente no puede ser usado como un recurso para limitar o para condicionar o rechazar que el Municipio pueda tener esa facultad, porque entonces sería muy perverso”, dijo.
Discussion about this post