Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (Julcas) de Guanajuato desaparecerán dentro de cuatro o cinco años, periodo que se estima tarden en desahogar todos los conflictos entre trabajadores y patrones que ingresen previo a que comience a operar el nuevo sistema de justicia laboral en el estado el 3 de noviembre.
El subsecretario de Trabajo y Previsión social en el estado, Marco Antonio Rodríguez Vázquez, apuntó que, debido a que son asuntos jurídicos y no administrativos, no hay un plazo o fecha límite para que concluyan los procesos en las Julcas.
Por ello, comentó que pasarán entre cuatro y cinco años para que puedan ser disueltos estos órganos, a los cuales en 2020 ingresaron 18 mil 206 asuntos y resolvió 11 mil 452.
De los casos resueltos, más de una tercera parte (34.2%) tomó más de un año para ser concluidos.
El funcionario estatal apuntó que los aproximadamente 230 funcionarios que laboran en las cuatro juntas tienen su trabajo garantizado en lo que se desahogan los conflictos; una vez que concluyan con toda su tramitación, una parte de ellos serán integrados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado.
“El personal que trabaja en las Julcas, todavía no tenemos la fecha de terminación porque esa me la va a ir dando el mismo avance de los asuntos; estimamos que puedan ser cuatro o cinco años los que tomen el cierre de las juntas (…) algunos funcionarios pasarán al tribunal burocrático porque de manera natural creció, entonces poco a poco iremos absorbiendo al personal en este órgano de gobierno”, explicó.
De los 11 mil 039 conflictos entre patrones y trabajadores que han sido desahogados este año con corte a septiembre, en las Julcas, en el 42.2% se llegó a un convenio, hubo desistimiento en el 18.7%, 26.2% fueron arreglados por otro mecanismo y solo el 12.8% ha derivado en un litigio.
Rodríguez Vázquez destacó que bajo el nuevo sistema de justicia laboral, Guanajuato será el único estado que cuente con un instituto de formación en mediación, conciliación y resolución de controversias a través del cual se capacitará a las empresas in situ para que sea el propio centro de trabajo la primera instancia en la que se busque remediar el conflicto.
