Un reo de Valle de Santiago que denunció en vida ante Derechos Humanos su situación, murió en 2018 tras un diagnóstico equivocado de personal médico del Cereso Mil e incluso por omisión de personal del hospital de aquella ciudad, que no le permitió tener el tratamiento adecuado.
Además, otro reo de León falleció también en condiciones similares, según recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos desde enero de este año, sobre las que a la fecha no se sabe si fueron aceptadas y cumplidas.
Esta semana trascendieron dichas recomendaciones publicadas en la Gaceta de Recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos humanos en su página electrónica, por hechos ocurridos en 2018.
Ambos casos fueron resueltos en enero 24 de 2019, según la misma gaceta y las versiones públicas de los expedientes, en los que se omiten nombres de los reos.
En el primero de ellos, es el expediente 145/ B en el que un interno del Cereso Mil, de Valle de Santiago formalizó queja porque no se le daba la atención médica adecuada a un padecimietno, privado de su libertad como estaba.
“La presente queja atendió al fallecimiento de XXXX, persona privada de libertad en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, derivado de la atención médica inadecuada ante un diagnóstico inexacto, atribuible a personal médico adscrito al referido centro de reclusión”, señala el expediente de derechos humanos.
En otra parte, indica que el propio reo había presentado queja ante el ombudsman por la situación que estaba enfrentando.
El reo murió desde el 4 de abril de 2018, y de acuerdo con la investigación de derechos humanos. Había sido hospitalizado el 2 de abril, después de que estuviera siendo tratado en el Cereso Mil con un diagnóstico erróneo.
El reo murió de cáncer de colon, según las constancias recabadas por Derechos Humanos.
En este caso, emitió recomendaciones para el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, para que iniciara procedimiento administrativo contra cuatro médicos del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, así como un excoordinador médico del mismo centro, por Violación al Derecho de las Personas Privadas de su Libertad al Goce Máximo de Salud.
Una segunda recomendación por el mismo caso, para el secretario de Seguridad Pública para “que se adopten las medidas legales y administrativas necesarias, con el propósito de hacer efectivas las garantías del derecho al goce del grado máximo de salud de las personas internas en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato; verificando al caso, que el Centro se encuentre dotado permanentemente del personal suficiente y capacitado, así como de la infraestructura, equipamiento y protocolos que permitan brindar una atención médica de calidad y calidez a sus pacientes y; con ello, se brinden garantías efectivas de no repetición”.
Pero de acuerdo a la investigación, la PDH determinó además que hubo una omisión de personal médico del Hospital General de Valle de Santiago tanto en el manejo del paciente como en la elaboración del acta de defunción del caso, de lo que da visa al secretario de Salud, Alberto Díaz Martínez, que provea lo conducente a ese respecto.
Y en León…
En el segundo caso, fue investigada la muerte de un interno del Cereso de León, ocurrida el primero de julio de 2018 por un proceso infeccioso derivado de una perforación gástrica que no fue atendida adecuadamente.
El expediente de queja fue iniciado de manera oficiosa por la PDH, quien además señaló haber recibido reporte de un interno, y testimonio de otros sobre la falta de atención adecuada para el reo que finalmente falleció.
En este caso, Derechos Humanos resolvió también un manejo inadecuado del paciente con al menos dos manejos médicos del mismo, previos.
Emitió recomendaciones para el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca y el secretario de Salud.
Al primero, que se instaure procedimiento administrativo contra cuatro médicos adscritos al Centro Estatal de Reinserción Social de Prevención y Reinserción Social de León “por la Insuficiente protección de las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios a los derechos de personas adultas mayores”.
Ua segunda recomendación también para el secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca, para que instruya al director de ese centro penitenciario para que provea la capacitación y certificación a guardias de seguridad penitenciara en primeros auxilios para que puedan garantizar y salvaguardar la integridad física y la vida de las personas.
Discussion about this post