El Congreso de Guanajuato aprobó un exhorto al gobierno federal para que, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, libere el presupuesto asignado a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad, a los cuales congeló el equivalente a 794 millones 337 mil 423 pesos del presupuesto asignado en Guanajuato.
El acuerdo también incluye la solicitud para que, antes de tomar cualquier determinación que afecte al Instituto Mexicano del Seguro Social, ordene la realización de estudios que demuestren y sustenten la extrema necesidad de acotar su presupuesto, pero sin afectar el derecho a la salud de las y los mexicanos.
La diputada priista Celeste Gómez Fragoso dijo que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Geriatría había tenido entre los recortes y el congelamiento de recursos un impacto directo con más de 51 millones de pesos; mientras que el Instituto Nacional de Cancerología había sufrido un recorte de más de 225 millones.
Luego de que hablaron a favor de la propuesta el panista, Luis Antonio Magdaleno Gordillo, y la perredista, Claudia Silva Campos, en rectificación de hechos la diputada de Morena, María Magdalena Rosales Cruz, dijo que parecía que la crisis del sector salud se le quería atribuir a este gobierno y que no era nueva, sino que tenía años, ya que había sido mal administrada y orientada a quebrar el sistema de salud y promover los servicios privados.
En concreto, habló de los problemas que como trabajadora del sector Salud en Guanajuato había atestiguado cuando IMSS e ISSSTE no podían responder a las necesidades de los derechohabientes
Enseguida, la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo reviró su diagnóstico y citó la reciente renuncia de Germán Martínez a la dirección del Seguro Social.
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