El director técnico del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) de Guatemala, Manuel Henry, reveló que se evalúan los daños en la flora y fauna del país debido a fenómenos naturales.
La evaluación se realiza en coordinación con las autoridades ambientales de los países centroamericanos, aunque por ahora se desconocen la magnitud de los posibles daños.
Guatemala lleva registro de los daños a la población por prolongadas sequías, intensas lluvias, sismos, entre otros fenómenos naturales, para aplicar medidas de prevención y reducir el impacto.
Henry aseveró que las tormentas y huracanes que han azotado a Guatemala, como los de 1995 y 2008, o el alud del año pasado, han puesto en evidencia “la alta vulnerabilidad” del país.
La ubicación geográfica y las condiciones geológicas hacen de Guatemala uno de los más amenazados a nivel mundial por el cambio climático, lo que ha reconocida Naciones Unidas.
El uno de octubre de 2015 ocurrió un alud en la aldea El Cambray II, municipio de Santa Catarina Pinula, próximo a la capital, que arrasó unas 125 viviendas y causó 280 muertos, 70 desaparecidos y 400 personas en albergues.
El especialista explicó que los fuertes temporales y las condiciones degradadas en que se encuentran las partes altas de las montañas “han provocado derrumbes, inundaciones” que “terminaron en condiciones catastróficas”.
“El fenómeno contrario, añadió, la falta de lluvia, causa sequías prolongadas y pérdida de cosechas, que son de enorme impacto en el llamado “corredor seco”, un amplio sector del país que presenta “condiciones de hambruna”.
Henry dijo que “los puntos de calor” provocados por las sequías propician los incendios forestales, que proliferan cada vez más y afectan superficies boscosas, de cultivos e impactan sobre la flora y la fauna.
Se espera que este año, como efecto del fenómeno de El Niño, se prolongue la época seca -que comienza en abril-, con “alto riesgo” de incremento de los incendios forestales.
“Tanto las inundaciones, sequías, y los incendios forestales, directamente provocan un impacto en cuanto a la reducción de la prestación de bienes y servicios naturales para las poblaciones”, afirmó.
La consecuencia es que “una vez destruidas las condiciones mínimas de subsistencia de las comunidades, se tiene que hacer un uso más intensivo de los recursos naturales protegidos”.
Consideró que se enfrenta entonces la contradicción, “en cuanto a que cada vez hay más una necesidad de recursos naturales que estén protegidos y las necesidades de la población de subsistencia”.
Guatemala, con una población de alrededor de 16 millones de habitantes, cuenta con un total de 335 áreas bajo protección ecológica, administradas y vigiladas por el Conap.
