Deudos de dos de los cinco trabajadores que murieron en una planta de tratamiento de aguas residuales de SAPAL en noviembre del año pasado, impugnarán la resolución de recomendación emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) y de paso, criticaron la ausencia y el silencio del Sindicato de Trabajadores de la paramunicipal.
En conferencia de prensa, Juan de Dios Hernández Araiza, abogado de los familiares de tres de los trabajadores, sostuvo que las recomendaciones de la Prodheg se quedan cortas, pues no señalan la omisión del Municipio en permitir que el funcionamiento de la planta, a pesar de que había constancia de que no estaba en condiciones para ello.
De igual manera, lamentó que tampoco hay recomendaciones hacia la Fiscalía General del Estado a pesar de llevar a cabo una investigación defectuosa, con irregularidades en el levantamiento de los cuerpos, en la necropsia y en la cadena de custodia para resguardar los tejidos.
Por ello, adelantó que estarán en Ciudad de México para inconformarse por esta resolución ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Por su parte, el señor Víctor Briseño Rangel, padre de uno de los trabajadores fallecidos, recriminó que el Sindicato de Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias Conexas de León, no haya defendido el derecho de sus cinco compañeros a contar con condiciones de trabajo dignas, es decir, verificar el correcto estado de la planta y que tuvieran el equipamiento y capacitación adecuada.
“Un llamado de atención también a este sindicato que su deber era haber protegido a los trabajadores, acompañarlos hasta que tuvieran las condiciones dignas para trabajar, eso es lo que debe hacer un sindicato, no solo cobrar cuotas, estar a favor de SAPAL y nunca acompañar a las familias”, dijo.
