Por “innecesaria” y porque entra en colisión con la conciencia social sobre los alcances y límites de la responsabilidad de los padres para darles a sus hijos estudios y los valores sociales prevalecientes en la entidad, el gobernador Miguel Márquez vetó la llamada reforma de los hijos mantenidos.
El documento oficial del veto que devuelve la reforma al poder legislativo fue emitido por el Ejecutivo el pasado 11 de julio y hoy es público en la gaceta parlamentaria previo a su análisis mañana en la comisión permanente.
El documento de 47 páginas desglosa las 2 observaciones que sustentan el rechazo a la aprobación de la reforma que tuvo su origen en una iniciativa del diputado panista Ismael Sánchez Hernández.
La reforma no introduce ni genera ninguna mejoría alguna en el orden legal vigente en materia de alimentos de ahí que es innecesaria; advierte la primera observación.
Ello es así porque tanto el derecho convencional, la doctrina prevaleciente, la legislación y sobre todo, los criterios firmes y reiterados que forman la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación han sostenido que la obligación alimentaria no cesa ni se suspende por la mayoría de edad de los acreedores alimentarios, siempre y cuando estos los necesiten, señala.
Además, señala el Ejecutivo, al establecer una presunción a favor de los hijos mayores de edad propicia un tratamiento inequitativo en la relación jurídica establecida entre las partes de la obligación alimentaria y genera cargas probatorias no equilibradas.
El documento firmado por Márquez también sostiene que la aprobación de esa reforma puede provocar efectos adversos en las relaciones familiares antes que generar un ámbito de solidaridad y responsabilidad paterno-filial.
Discussion about this post