El gobernador Miguel Márquez Márquez vetó la reforma al Código Civil del Estado de Guanajuato que obligaba a los padres a mantener a los hijos hasta los 24 años, si se encontraban estudiando.
El artículo 365-A del Código Civil ya modificado establece: “Los menores, las personas con discapacidad y los de estado de interdicción gozarán de la presunción de alimentos. Y los hijos que se encuentren estudiando gozan de la misma presunción hasta los 24 años”.
La última vez que se vetó una ley o decreto fue hace 15 años con Juan Carlos Romero Hicks como gobernador del estado, de zonas limítrofes entre San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, y Moroleón y Uriangato.
En un comunicado, la gobierno de Guanajuato señala que Miguel Márquez regresó al Congreso del Estado, con observaciones, la reforma al Código Civil para el estado de Guanajuato al artículo 365A.
“El decreto aprobado en materia de alimentos, señala, no introduce mejoría alguna al régimen jurídico actual, que ya previene que la mayoría de edad no suspende ni restringe, el derecho del hijo a recibir alimentos, siempre y cuando los necesite”.
Por ello, se indica que dicha reforma contenida en el Decreto Legislativo número 324, es innecesaria en cuanto se establece expresamente que los mayores de edad pero menores de 24 años, mientras se encuentren estudiando, gozan de la presunción de necesitar alimentos.
También se especifica que se considera oportuna la revisión, ya que podría entrar en choque con la conciencia social sobre los alcances de la responsabilidad de los padres para darles a sus hijos estudios y los valores sociales del esfuerzo, la solidaridad filial y la idea de que los jóvenes al arribar a la mayoría de edad deben ser copartícipes y corresponsables de su proyecto de vida; por lo que puede propiciar efectos adversos en las relaciones familiares.
“En el ejercicio de la facultad que el artículo 58 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato me confiere y que se materializa en el presente, tiene como finalidad, coadyuvar con la tarea desplegada por el Poder Legislativo, mediante el uso de éste diálogo constructivo y respetuoso entre ambos poderes, nuestra pretensión es la de abonar a la seguridad jurídica, a través del apego a las normas constitucionales y legales”, señala el gobernador.
El Congreso del estado, por su parte, especificó que recibió las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto mediante el cual se reforma el Código Civil.
“Con el mismo cuidado y responsabilidad con que lleva a cabo todos los trámites legislativos se dará atención al decreto vetado como parte del proceso legislativo, el cual como lo señala el artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato será remitido a la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que se realizará el 26 de julio del año en curso, quien a su vez lo turnará a la Comisión de Justicia, que fue la instancia dictaminadora, para su análisis de acuerdo con la mecánica que se apruebe en dicha Comisión.
“El acto de legislar conlleva una amplia responsabilidad social; las leyes son para normar y regular los comportamientos y conductas de la sociedad, rescatando las necesidades sociales, experiencias y percepciones, armonizando criterios para generar certeza judicial”.
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