La fracción del PRI en el Ayuntamiento de León y el dirigente municipal del Partido solicitaron la renuncia de Juan Antonio Guzmán Acosta como testigo social del comité de adquisiciones, luego de recibir un contrato por parte del Municipio.
La regidora Norma López Zúñiga señaló que si bien legalmente no incurre en un conflicto de interés, sí existe un conflicto de carácter moral pues desde que es contratista del Municipio, su opinión y consejo carece de imparcialidad.
Lo anterior luego de que se diera a conocer que el Gobierno municipal de León firmó un contrato en abril de este año por 1.4 millones de pesos con la empresa Auren Bajío, misma que desde el 2014 es dirigida por Guzmán Acosta.
Al respecto, esto fue lo que dijo la regidora priista.
Es por ello que nosotros solicitamos que si bien es cierto de forma legal no está cayendo en un conflicto de intereses estrictamente como lo determina la ley, sí está cayendo en un conflicto moral porque cómo puede ser imparcial, leal e independiente en las decisiones que tome, si está actualmente sometido que proviene de la misma administración pública a la que él tendría que estar señalando los errores en el comité de adquisiciones del que forma parte como ciudadano”.
En la misma rueda de prensa, el regidor priista Salvador Ramírez Argote solicitó la intervención del delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre Vizuett, para que revise qué sanción ameritan el gobernador Miguel Márquez y el alcalde Héctor López Santillana, por violentar la Ley de Asociaciones religiosas y culto público, al asistir como gobernador y alcalde, respectivamente, a un evento religioso el pasado domingo, en donde Márquez consagró al estado de Guanajuato.
Es el tema que debe resolver el delegado de la Secretaría de Gobernación, creo que sí la hay (la sanción) aunque habría que hacer un estudio muy detallado de la propia Ley; nosotros pediremos que por su parte la Contraloría también haga el estudio y la investigación correspondiente”.
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