La fracción del PRI en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma que permitiría, de aprobarse, establecer criterios permanentes de austeridad en el estado y evitar que las medidas asumidas recientemente sean pasajeras e intrascendentes.
Acompañadas de su coordinador Rigoberto Paredes, las legisladoras María Guadalupe Velázquez y Arcelia González aseguraron que se pretende establecer criterios razonables de gasto en varios aspectos.
Si bien es cierto que las diferentes acciones administrativas, por cierto debidas y oportunas anunciadas hasta hoy por los diferentes entes públicos en materia de racionalidad y austeridad en el ejercicio de sus presupuestos pueden ser la respuesta a las inquietudes ciudadanas del momento. Sin embargo, estos criterios no han sido iguales ni en conceptos ni en montos ya que no existe en el estado parámetros específicos sobre qué es austeridad y también es cierto que estas medidas pueden ser sostenidas solo por un año, ya que al estar regulada por una ley, podrían ser regresadas a su estado anterior en el próximo presupuesto”
Entre algunas de las propuestas que incluye el documento priistas, se encuentran las siguientes.
Los sueldos base al personal permanente no podrán aumentarse, salvo que se justifique por la entrada en vigor de una ley para atender el objeto de la misma.
Solo podrá contratarse personal de carácter eventual y transitorio por un tiempo no mayor a nueve meses dentro de un mismo ejercicio fiscal. No podrá autorizarse pago alguno de primas por concepto de seguro de vida y seguro de gastos médicos cuando el servidor público goce de tales prestaciones a cargo de las instituciones de seguridad social a las que se encuentren incorporados.
Los apoyos a la capacitación de los servidores públicos para apoyar su capacitación orientada a su desarrollo personal o profesional que en forma individual soliciten, no serán mayores al cincuenta por ciento de su monto durante el ejercicio fiscal no se autorizará la creación de plazas.
El pago de estímulos al personal de los entes públicos solo se autorizará por productividad o desempeño. La asignación de vehículos públicos solo podrá hacerse para el cumplimiento de fines públicos.
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