Abogados de la madre de Leo Reyes, el migrante que murió a manos de policías estatales, promoverán un amparo luego de que una jueza de control no admitiera la impugnación contra la decisión de la Fiscalía de archivar el caso, por considerar que dicho recurso fue presentado de manera extemporánea.
Mijaíl Antonio Ornelas y Juan José Padierna, abogados de Guadalupe Cayente -mamá de la víctima-, explicaron que el 25 de marzo la Fiscalía General de Guanajuato determinó no ejercer acción penal contra los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) involucrados en el fallecimiento de Leo Reyes, al sostener que su actuación fue en legítima defensa.
Esta decisión, relató Padierna, fue comunicada oficialmente y en persona a la señora Guadalupe hasta el 14 de agosto, por lo que los abogados presentaron un recurso de impugnación que debía desahogarse el 17 de septiembre.
Ese día en la audiencia los fiscales argumentaron que la impugnación fue presentada de manera extemporánea, pues ya habían transcurrido más de 10 días -plazo que marca la Ley- desde que pegaron letreros en el domicilio de la señora Guadalupe, el 17 de julio, en la comunidad de Corralejo de Abajo en San Miguel de Allende.
Sin embargo, Guadalupe radica en Texas, y sus familiares que viven en el referido domicilio, alegan que nunca hubo tales avisos.
La jueza de control Mónica Edith Olmos Ortega determinó darle la razón a la Fiscalía, por lo que la impugnación no procedió, y por ello ahora los abogados presentarán un amparo indirecto para revertir esta decisión y que se pueda revisar el fondo de la impugnación.
“Nosotros en la impugnación debatíamos que en los datos de prueba que hay en la carpeta no se acredita ninguna legítima defensa, incluso se hacían ver las múltiples contradicciones que había entre los dichos de los policías, uno decía una cosa y se contradecía con lo que decía otro policía (…) había una contradicción de un policía que decía que él nunca disparó su arma y científicamente está probado que su arma se disparó, son contradicciones que deben restarles credibilidad y por lo tanto no se acreditaba una legítima defensa”.
