El Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa de reforma para darle autonomía a la dirección de servicios periciales que depende actualmente del Ministerio Público. Asimismo, la propuesta plantea la creación de un Consejo de La Fiscalía General del Estado.
En la tribuna, el diputado José Huerta Aboytes, al presentar la exposición de motivos de la iniciativa de referencia, justificó las razones.
Con relación al planteamiento relativo a la autonomía de los servicios periciales, manifestó que la intención de la reforma que proponen, es la de garantizar que los peritos se mantengan a disposición no sólo del Ministerio Público, sino también de la defensa y del juez, con el propósito de que las partes se encuentren en una situación de equidad procesal dentro de los juicios en el nuevo sistema penal acusatorio y adversarial.
Respecto de la propuesta para la creación de un Consejo de la Fiscalía General del Estado, destacó que la finalidad de dicho planteamiento, es la de liberar de cargas administrativas al titular de la Fiscalía, a fin de no distraer a este órgano de su función primordial que es la de perseguir e investigar los delitos.
Otra de las razones, al proponer la creación del Consejo de la Fiscalía, es la de evitar la concentración excesiva de facultades en una sola persona, para no provocar el surgimiento de órganos omnipotentes.
“No resulta efectivo ni es correcto que todas las funciones se concentran en una sola figura ni en un solo órgano”, destacó el coordinador.
El Consejo se encargaría de aspectos no solamente administrativos sino presupuestales, disciplinarios, de control, académicos y de capacitación.
Ambas partes de la propuesta, tienen que ver con la consolidación de la Fiscalía General como un órgano encargado de manera exclusiva de la dirección de la investigación y persecución eficaz de los ilícitos penales, a fin de que se consolide la institución como un auténtico cambio de paradigma y no una simple modificación de la denominación del organismo.
Proponen modificar asignación de escoltas
Por otra parte, el diputado Hugo Varela Flores propuso una reforma para establecer que los exfuncionarios que requieran de protección y seguridad personal, deberán acreditar la extrema necesidad del beneficio.
Dijo que la concesión de escoltas a exfuncionarios, en general, es un lujo y un dispendio de recursos públicos que gratifica inmoderadamente a quienes el pueblo señala su notoria incompetencia en la lucha contra el crimen.
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