La mayoría panista y sus aliados rechazaron la propuesta de exhorto morenista para que, a imagen y semejanza del gobierno federal, la Secretaría de Salud del estado realice conferencias de prensa diarias en presencia de los medios de comunicación, con la finalidad de que rinda un informe detallado y sistemático de la situación que guarda en la entidad por la pandemia del coronavirus.
La diputada Magdalena Rosales dijo que mientras el gobierno federal designó a un vocero oficial para atender y comunicar todos los días sobre la pandemia del coronavirus a nivel estatal no se ha mostrado el mismo interés por mantener informada a la ciudadanía.
“Por parte del gobierno estatal no hemos visto el mismo compromiso, pues realizan conferencias de prensa cada que creen conveniente y los cuestionamientos no se realizan de manera directa, sino que se envían previamente y se responden solo algunas”.
La diputada comentó que la información que se conoce de la situación en la entidad es visible solo en el micrositio que habilitó el gobierno estatal, el cual indica la cantidad de personas infectadas, sospechosas y recuperadas, las defunciones y ocupación hospitalaria, y se actualiza cada 24 horas que no puede ser accesible para toda la población pues no todos tienen acceso a internet.
En respuesta, la panista Emma Tovar Tapia expuso que no es necesario replicar la forma en que el gobierno federal se ha encargado de emitir la información sobre la pandemia, pues destacó que en Guanajuato se han realizado las acciones necesarias para que los ciudadanos conozcan todo lo referente al covid-19.
“No consideramos que sea necesario replicar el enfoque federal en el ámbito de nuestro estado, pues cada uno de los niveles de gobierno tiene la libertad y el conocimiento para diseñar su propio enfoque, adecuado a las características de cada contexto”.
Por otra parte, durante la sesión destacó la aprobación de reformas a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato con el objeto de ampliar la definición de violencia obstétrica e incluir la violencia institucional.
Con estas reformas se establece que violencia obstétrica es toda acción u omisión por parte del personal médico o administrativo perteneciente a los servicios de salud públicos y privados del Sistema Estatal de Salud, que violente los principios rectores que señala el artículo 3 de la ley, o bien, que dañe física o psicológicamente, lastime, discrimine o denigre a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio; así como la negligencia médica, negación del servicio y la vulneración o limitación de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Mientras que la violencia institucional serán los actos u omisiones de las personas que tengan el carácter de servidores públicos que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
