Este jueves rindió protesta ante el pleno del Congreso local, Juan Sámano Gómez, como Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato que durará en su cargo 7 años.
En la misma sesión, integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política presentaron la iniciativa para establecer los montos máximos o rangos de adjudicación para la contratación de la obra pública municipal, en sus modalidades de adjudicación directa y licitación simplificada para el ejercicio fiscal 2020.
En la propuesta se plantea que para estimular la eficiencia en la ejecución de la obra pública municipal los municipios están divididos en tres grupos, a efecto de diferenciar los rangos de montos máximos de obra en los criterios de asignación directa y licitación simplificada, los cuales deben estar en función de su capacidad institucional, quedando de la siguiente manera:
En el Grupo A que incluye a los municipios que cuenten con una población de hasta 25 mil habitantes, el monto para adjudicación directa va de cero pesos hasta $968,760.00 mientras que la licitación simplificada es para proyectos que oscilen entre $968,760.01 hasta $1 millón 614,600.00.
Para el Grupo B que son Municipios que cuenten con una población superior a 25 mil y hasta 100 mil habitantes, la adjudicación directa será para obras cuyo monto vaya de cero hasta $1 millón 614,600.00 pesos y la licitación simplificada incluiría proyectos que vayan de $1 millón 614,600.01 hasta $2 millones 691,000.00.
Finalmente, en el Grupo C que incluye a municipios que cuenten con una población superior a los 100 mil habitantes entre los que se encuentra León, la adjudicación directa es para obras que va de cero hasta $2 millones 691,000.00 y la licitación simplificada para los que oscilen entre esta última cantidad más un centavo y los $4 millones 843,800.00.
Posteriormente, en asuntos generales, el diputado priista Hugo Varela Flores hizo referencia a la solicitud de un conjunto de ciudadanos leoneses propietarios de palcos y plateas del Estadio León, para que se dé a conocer su opinión respecto del proceso en el que se perdió dicho inmueble.
Señaló que los ciudadanos mencionados comentaron que no fueron considerados como parte del proceso que se llevó a cabo en los tribunales, lo cual consideran una injusticia, pues como palcohabientes y tenedores de plateas no eran ni comodatarios, ni inquilinos en el estadio, sino propietarios de sus respectivos espacios.
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