Con una sanción económica por 33 mil pesos y una inhabilitación de seis meses al extesorero Roberto Pesquera Vargas por no comprobar un gasto de 25 mil pesos en taxis durante una visita a la Ciudad de México, concluyeron los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados a exfuncionarios de la administración priista.
Así lo confirmó el contralor Leopoldo Jiménez Soto, luego de que se presentaran a integrantes de las Comisiones Unidas de Contraloría y Gobierno los últimos cuatro casos de procedimiento de responsabilidad administrativa pendientes de sanción para exfuncionarios y exconsejeros del SIAP de la pasada administración.
“Por lo administrativo, como ustedes ven, ya salió lo de ese trienio, sí fueron cuatro, solo una se propuso como sancionado”.
Se revisó en el expediente PRA/010/2017 la compra de 13 vehículos a la empresa automotores de León SA de CV que presentó el precio más alto que Kolben Motors SA de CV en un proceso de licitación del 9 de mayo de 2014 aun y cuando la otra empresa también cumplía con los requerimientos técnicos y ofrecía las unidades 149 mil 163.82 pesos más baratas, por lo que la conducta se consideró grave y se inició el procedimiento de responsabilidad administrativa, no obstante, ya en la revisión se puso comprobar que no habría irregularidad y por lo tanto se exime de responsabilidad al exfuncionario ya que la adjudicación no se basó únicamente en el aseguramiento del mejor precio disponible sino en las mejores condiciones de calidad, financiamiento y oportunidad.
En el segundo caso se pretendía sancionar a los integrantes del Consejo Ciudadano del SIAP derivado de una denuncia de la ASEG al detectar en una auditoría posibles irregularidades en el proceso de adjudicación directa y ejecución de contratos de prestación de servicios de limpia con relación a la recolección, separación, traslado y depósito de residuos sólidos urbanos, así como en relación a las cuadrillas de limpieza en áreas de uso común correspondientes al primer semestre del ejercicio fiscal 2014, no obstante, ya en la revisión que hizo la Dirección Jurídica del Ayuntamiento se determinó que los exintegrantes del consejo del SIAP no incurrieron en ninguna responsabilidad administrativa.
El otro caso expuesto por la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría señalaba que la Dirección de Comunicación Social de la administración barbarista habría realizado pagos a proveedores sin que se haya proporcionado evidencia de los entregables, contrato, ni garantía de cumplimiento y supervisión, no obstante, ya en la revisión a detalle se definió que la falta se atribuía al encargado de despacho el haber autorizado los pagos para la persona moral “Bufete de proyectos de información y análisis SA de CV”, por lo que se determinó que no había responsabilidad administrativa.
De los cuatro casos expuestos el único que procedió fue el del extesorero Roberto Pesquera, quien en 2013 habría tramitado y recibido indebidamente 25 mil pesos como reembolso de lo que gastó en el uso de taxis en la ciudad con motivo de reuniones en la SHCP entre el 30 de julio de 2013 al 17 de septiembre del mismo año sin que los 13 recibos que presentó pasa su reembolso cumplan con los requisitos fiscales, por lo que por unanimidad los integrantes del Ayuntamiento aprobaron como sanción administrativa una inhabilitación de seis meses y una multa económica de 33 mil pesos por la falta cometida.
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