Responsabilidades administrativas que podrían afectar a 8 exintegrantes del Ayuntamiento y 4 exfuncionarios municipales es el saldo que arroja el dictamen elaborado por la Auditoría Superior del Estado tras la auditoría practicada a los contratos de recolección de basura realizados por la administración encabezada por Bárbara Botello.
En el documento revisado ayer se señala en el apartado de bases de la licitación que fue ganada por las empresas Red Recolector y GISA que en cuanto a las bases de la licitación, los presuntos responsables con responsabilidades administrativas son “los servidores públicos que durante el período revisado fungieron como responsables de la comisión de Medio Ambiente Sustentable quienes aprobaron las bases de licitación pública para el otorgamiento de la concesión de los servicios públicos de recolección y traslado de residuos sólidos y urbanos.
Según esta resolución, no se establecieron en las condiciones técnicas, financieras y administrativas, los requerimientos en cuanto al número de unidades, características, costos, rutas, turnos, numero de toneladas a recolectar y población a atender las cuales se dejaron a propuesta de cada uno de los participantes.
Ayer en sesión privada de la comisión de Hacienda del Congreso del Estado se aprobó el dictamen que en las conclusiones señala también en el apartado de criterios de evaluación que los mismos integrantes de la comisión de Medio Ambiente tienen responsabilidad administrativa por haber elaborado las bases para la licitación al ser omisos en señalar los criterios y formas para la evaluación de las ofertas recibidas.
En el rubro de dictamen de la licitación pública son presuntos responsables los servidores públicos que durante el período de revisión, fungieron como integrantes del comité técnico especializado.
Refiere que se aceptaron propuestas de las empresas arriba mencionadas aun cuando las mismas no cumplieron con las condiciones señaladas en las bases de la licitación.
Finalmente, en el apartado de costo-beneficio, se señala que los presuntos responsable son los integrantes de la comisión de medio Ambiente Sustentable quienes no sustentaron el dictamen que fue sometido a la aprobación del Ayuntamiento sobre la imposibilidad de prestar el servicio de recolección de basura con el análisis de costo-beneficio.
Este dictamen deberá pasar al pleno del Congreso del estado y luego al del Ayuntamiento para ser validado. Será el cabildo quien determine las sanciones a las que podían hacerse acreedores los funcionarios señalados.
Cabe recordar que los ediles que integraban la comisión de Medio Ambiente son Beatriz Manrique, Luis Fernando Gómez, Alejandro Arena, Verónica Barrios y Jacobo Cabrera. Los que estaban en el comité técnico especializado son Eugenio Martínez, Alejandro Kornhauser, Aurelio Martínez y como funcionarios, el Tesorero Roberto Pesquera, el director de Recursos Materiales Christian Jones, el director de Gestión Ambiental Fidel García y el director del SIAP, Norberto Origel.
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