El procurador fiscal del país, Carlos Romero Aranda, negó que las reformas fiscales puedan calificarse de terrorismo fiscal, como lo han sostenido diversos empresarios, ya que dijo, solo harán cumplir las obligaciones tributarias a las personas físicas y morales, por lo que aquellas que no simulan operaciones o compran facturas, no tienen de qué preocuparse.
Durante su visita a León para participar en el foro de la Concamin, el funcionario federal apuntó la compra-venta de facturas y las operaciones simuladas generan un daño al erario estimado en 500 mil millones de pesos, cifra que representa el 2.5% del Producto Interno Bruto del país.
Sin embargo, destacó que Guanajuato no está entre las entidades con mayor incidencia en prácticas de evasión fiscal, problema que se concentra en estados como Jalisco y Nuevo León, y apuntó que hasta ahora, el SAT tiene detectadas cerca de 9 mil empresas que cometen este tipo de irregularidades.
“Terrorismo fiscal no es este caso, aquí simplemente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones que tenemos como fisco; antes, los delitos fiscales eran delitos no graves y no ameritaban prisión preventiva oficiosa, ahorita simplemente vamos a ir por factureros, que es el grupo específico, el ir por factureros no podemos hablar de terrorismo fiscal”, declaró en entrevista.
Carlos Romero detalló también que, en promedio, cada tercer día una persona es aprehendida por evasión fiscal, y la media del daño al erario es de 11 millones de pesos por cada una de estas detenciones.
“Lo que sí te puedo decir es que teníamos órdenes de aprehensión anteriores al nuevo sistema penal acusatorio que no se habían ejecutado; gracias a la buena relación y la buena comunicación institucional que estamos teniendo con la Fiscalía General de la República, en promedio, cada tres días estamos aprehendiendo a un contribuyente, y cada contribuyente significa en promedio 11 millones de pesos”.
El procurador fiscal añadió que será en los primeros cuatro o cinco meses de 2020 cuando los primeros grupos dedicados a la venta de facturas comiencen a ser encarcelados, para purgar penas de hasta 16 años de cárcel, mientras que para los que compran facturas, la condena puede ser de hasta 9 años de prisión.
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