Celaya.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guanajuato por presuntas irregularidades en contratos del municipio de Celaya, relacionadas con una transferencia bancaria de aproximadamente 423 mil pesos. La denuncia es contra quienes resulten responsables e involucra señalamientos sobre la actuación de la Tesorería Municipal, la proveedora Margarita “N” y el enlace administrativo.
El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Sergio Ruíz López, informó que la denuncia fue presentada el lunes 12 de octubre, luego de que el partido recabara información sobre cuatro contratos consecutivos cuyo objeto, afirmó, sería el mismo: investigar predios irregulares para incorporarlos al padrón inmobiliario municipal.
El dirigente señaló que estos contratos podrían haber sido fraccionados para mantenerse por debajo de los montos que obligan a realizar otros procedimientos de contratación, lo que, de comprobarse, contravendría la normativa estatal y municipal.
“Lo que nosotros tipificamos y dijimos en la rueda de prensa con el tema de que se investigue el fraccionamiento de los contratos que son previsiblemente con un mismo objeto continuo, que eso está prohibido por la ley según el artículo 23 de la Ley de Contratos de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y también en el Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Celaya. Porque pues previsiblemente se puede suponer, de acuerdo a la ley, que pretendes fraccionarlos para quedar en un límite inferior para evitar eh otro tipo de procedimientos en la asignación”.
El panista indicó que la denuncia plantea posibles delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, desvío de recursos públicos y tráfico de influencias, además de una posible responsabilidad administrativa por la entrega incompleta de información pública.
“Básicamente estamos hablando de tres delitos en materia penal, porque vienen también las cuestiones administrativas. En materia penal hablamos del uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y desvío de recursos públicos y tráfico de influencias. En materia administrativa, pues ocultar información que debe ser pública, como no enviar un contrato que ampare la transferencia, nosotros esperamos quizá un quinto contrato o que esos cuatro contratos coincidieran con la transferencia. Al final, es el propio municipio, el propio tesorero, quien se mete en este embrollo al no enviar toda la información pública disponible que solicitamos vía el Sistema Nacional de Transparencia”.
Ruíz López explicó que, mediante una solicitud de acceso a la información, el PAN pidió todos los contratos y convenios celebrados entre el municipio y la proveedora. Sin embargo, aseguró que únicamente recibió cuatro documentos que no corresponden con la transferencia bancaria detectada, cuyo destino, dijo, fue confirmado mediante la plataforma del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
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hp