Celaya.- Jorge tenía 11 años cuando comenzó a sufrir abusos sexuales del sacerdote Constantino “N” en la comunidad San Gabriel del Salitre, en San José Iturbide. Los hechos ocurrieron entre 2010 y 2014, cuando era monaguillo de la parroquia de San Sebastián, y estuvieron marcados por amenazas que lo mantuvieron en silencio durante años.
Hoy, con el sacerdote vinculado a proceso por violación, abuso sexual y corrupción de menores, Jorge busca visibilizar su caso, denunciar la falta de apoyo de la Diócesis de Celaya y conseguir que las autoridades agilicen el juicio, programado para mayo de 2027.
“Yo comencé a servir como monaguillo en esta parroquia y al poco tiempo comenzaron los abusos sexuales de este sacerdote hacia mí. Comenzó de a poco, todo va en aumento, va de menos a más, primero cosas simples, después me obligaba a ver pornografía homosexual y de ahí fue creciendo hasta transformarse en abusos sexuales, tocamientos y pues hasta violaciones también. Esto sucedió durante 4 años. Nunca hablé nada con nadie, con mis padres, con nadie por las amenazas”.
Fue hasta principios de 2016 cuando acudió con el entonces obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, para denunciar los abusos. Tras una investigación eclesiástica, en diciembre de ese año el sacerdote fue separado de la comunidad; posteriormente, un decreto firmado por Castillo Plascencia en marzo de 2017 formalizó su dimisión del estado clerical.
Sin embargo, Jorge sostiene que el caso se mantuvo en secreto y que el obispo le ordenó no acudir ante la Fiscalía, argumentando que la denuncia lo perjudicaría a él y a la Diócesis. Además, el documento establecía que debía recibir atención psicológica y terapéutica, apoyo que asegura nunca obtuvo de la institución religiosa.
“Cuando ya suspendieron a este señor, el obispo Benjamín me dio la orden a mí personalmente, o sea, lo volví a ver, y me dio la orden de no hacer una denuncia ante la Fiscalía. Me dijo, "Si haces una denuncia, te vas a afectar a ti, nos vas a afectar a nosotros, vas a afectar a la diócesis, ¿qué va a decir la gente?". Me dio la orden de no hacer una denuncia. Y yo era un joven, un adolescente y era muy católico, entonces yo entendí esas palabras del obispo como si fueran la voz de Dios”.
El silencio se rompió en febrero de 2025, cuando Jorge vio en redes sociales una celebración de bienvenida y cumpleaños para su abusador en San Gabriel del Salitre, donde varias personas continuaban tratándolo como sacerdote.
El 10 de marzo de 2025, Jorge presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. En noviembre de ese año, Constantino fue vinculado a proceso por violación, abuso sexual y corrupción de menores. Permanece en libertad bajo medidas cautelares, entre ellas acudir semanalmente a firmar, no salir del estado sin autorización judicial y no acercarse a Jorge ni a su familia.
Jorge buscó al actual obispo de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, para solicitar colaboración con la Fiscalía y acceso a los documentos de la investigación eclesiástica. Según su testimonio, el obispo le respondió que, cuando tenía 11 años, había consentido una relación amorosa con el sacerdote, una afirmación que Jorge considera revictimizante.
“Yo me acerqué al obispo Víctor Aguilar pidiéndole cooperación, que cooperara con la Fiscalía, que entregaran documentos por todo aquel proceso interno que se realizó en 2016. La respuesta que él me dio fue que yo, Jorge, a mis 11 años, había sostenido y había consentido una relación amorosa con este sacerdote, que yo eh lo había permitido y que no había sido abuso, que habíamos sido una pareja”.
También denunció que este podría ser un acto sistemático, ya que también se acercó a la Conferencia del Episcopado Mexicano y de la Nunciatura Apostólica, de quienes obtuvo respuestas similares.
El denunciante también asegura haber identificado, incluyéndose a sí mismo, a 10 posibles víctimas del sacerdote. Afirma que la mayoría no han querido denunciar por temor a las amenazas y a las consecuencias personales y familiares. Además, dijo tener información no verificada de que este sacerdote habría sido trasladado anteriormente de Cortazar a El Salitre por presuntos abusos contra menores.
La audiencia intermedia se celebró en julio de 2026 y el juicio está previsto para mayo de 2027. De acuerdo con Jorge, los delitos denunciados podrían representar una pena de hasta 120 años de prisión si se acredita su responsabilidad.
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