Celaya.- El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, afirmó que, en su opinión, el funcionario de Desarrollo Social señalado por presunto acoso sexual y hostigamiento laboral debe ser separado del cargo, aunque aclaró que no puede ordenar su cese mientras no concluyan los procedimientos derivados de la recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
El alcalde explicó que la recomendación contempla, entre otros puntos, continuar con una investigación, por lo que el gobierno municipal solicitó a la Contraloría realizar las diligencias correspondientes antes de tomar una determinación. También respondió a los señalamientos de la regidora Isabel Herrejón Arredondo, quien ha cuestionado que no se cumpla un acuerdo aprobado en la Comisión de Derechos Humanos que contempla la separación de funcionarios cuando se acrediten conductas que atenten contra los derechos humanos.
"Es que a veces uno dice verdades a medias. Hay un acuerdo, pero en ese acuerdo, en uno de los párrafos dice que se tomará esa decisión cuando todas las cuestiones legales queden concluidas. Y esta decisión de PRODEG todavía no está concluida. Nosotros tenemos que cumplir con el punto dos, que es la investigación. Y entonces, mientras nosotros no cumplamos con ese con ese punto, no podemos hacer valer ese acuerdo. Mi opinión es que lo debemos de quitar, pero yo no lo voy a quitar ahorita mientras yo no cumpla con lo que me pide PRODEG".
Sobre la situación de la trabajadora que presentó los señalamientos, Ramírez Sánchez sostuvo que ella solicitó su reubicación y que fue trasladada a Derechos Humanos, donde está próxima a cumplir un año.
Explicó que tomó esta medida porque la trabajadora manifestó sentirse vulnerable y, de acuerdo con el alcalde, la intención fue brindarle mayor protección mientras continuaba el procedimiento.
"Yo les puedo decir que yo le pedí a su jefa inmediata de ahora que platicara con ella. Entonces, ella no me pide la destitución de él, ya ella ya no quiere nada, etcétera. O sea, lo que yo quiero decirles es que nosotros, es más, yo decidí que se fuera ahí a Derechos Humanos para que la protegieran más. Hace 11 meses yo le pedí que se fuera allá a Derechos Humanos, y ahí está en Derechos Humanos, va a cumplir un año en Derechos Humanos para realmente proteger porque ella se sentía vulnerable."
Ramírez Sánchez aseguró que esperará a que Contraloría concluya la investigación y, una vez desahogados los procedimientos, determinará lo conducente conforme al acuerdo del Ayuntamiento y a la ley.
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