El diputado panista

Éctor Jaime Ramírez Barba presentó en la tribuna del Congreso federal una serie

de mecanismos para crear la figura de alertadores contra la corrupción y

protegerlos en el momento que presenten una denuncia.

Y es que aseguró que a

poco más de dos años de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema

Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y

la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para poner un

freno a la impunidad “la corrupción sigue galopante”.

El legislador mencionó

que en el paquete de leyes publicadas como parte del Sistema Nacional

Anticorrupción hace 835 días, no prevé la protección de los servidores públicos

o empresarios quienes denuncien actos de corrupción por lo que, hasta este

momento, se ha mantenido la tendencia de actos ilícitos cometidos en donde se

involucran recursos del erario.

“En México trabajamos

4.2 millones de servidores públicos, si la corrupción es tan galopante como se

supone, ¿cómo es posible que 4.2 millones de mexicanos, servidores públicos o representantes

de la iniciativa privada que trabajan con ellos o tienen que interactuar con

ellos, no se den cuenta que hay actos de corrupción?”. El hecho es que no

existe una ley que proteja a quien levante la alerta de la comisión de dichas

prácticas”.

Por ello, el Grupo

Parlamentario del PAN en el Congreso federal, propuso que en las leyes General

de Responsabilidad Administrativa y Federal para la Protección a Personas que

Intervienen en el Procedimiento Penal, se elimine la figura de denunciante y se

cambie por la figura de alertador, y se inserte a esta ley un capítulo

específico para la protección del alertador de actos de corrupción en las

administraciones públicas federal, estatales o municipales.

“Pretenderíamos con

esto que, entre las medidas de protección a los alertadores, se les provea de

asistencia legal para lo hechos relacionados con su denuncia, la reserva de su

identidad cuando así se solicite, la protección de sus condiciones laborales no

pudiendo ser cesado, despedido o removido de cargo a consecuencia de su

denuncia y, no impedir su participación en licitaciones futuras en caso de ser

persona física”, dijo Ramírez Barba.

Finalmente, el

subcoordinador Anticorrupción en el GPPAN, dijo que legislar en esta materia,

será una señal a la ciudadanía para proteger a la personas que conozcan o

tengan pruebas de tratar con un servidor público que incurra en actos de

corrupción “esta es la oportunidad para estimular y poner a la vista de todos,

si realmente lo queremos hacer, que un servidor público pueda denunciar

cualquier acto de corrupción como aquí hemos dicho hasta el cansancio”.