Guanajuato.-  Enfatizando que se trata de un asunto urgente, Erandi Bermúdez Méndez, presidente de la comisión de Seguridad y Comunicaciones, en el Congreso del Estado de Guanajuato urgió a los diputados federales a impulsar las reformas necesarias para que policías estatales puedan portar y utilizar armas de uso exclusivo. Lo dijo un día después de que Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, reconociera que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se encuentran en desventaja frente al uso de armas de mayor calibre, por parte de los grupos delictivos que les están atacando.“Al final del día recordemos que, quien da las licencias de portación y de uso es el Ejército y, si el Ejército ve que tú tienes la capacitación, la posibilidad de portación, te va a dar la autorización para poder utilizar. Nosotros no estamos diciendo que se le dé autorización de la portación y del uso de estas armas a diestra y siniestra a todas las corporaciones y demás. Yo sí insistiría en que pueda valorarse, ya que, este uso lo tenga, sí o sí, las policías estatales, las fiscalías de los estados, también este tipo de armas que son las que utiliza hoy el crimen organizado”.

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Patrullajes coordinados 

El diputado local panista resaltó que las reformas tendrían que ser aplicadas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Pero, también, dijo que es importante reforzar los operativos mixtos en los que participen agentes de seguridad estatal y municipales, además de las fuerzas federales.“Yo insisto en que, tiene que revisarse esto desde el Congreso de la Unión esta situación, para poder estar en circunstancias iguales. Se debe de seguir trabajando con esta coordinación en donde yo, respetuosamente, creo que la coordinación tiene que ser, no solamente, desde el papel o desde la estrategia, sino desde el patrullaje; que pueda estar patrullando policía estatal, policía municipal y Guardia Nacional en conjunto para que puedan combatir esto”.Las sanciones por posesión de armas de uso exclusivo, definidas en la ley federal, van de 3 meses a 12 años de prisión tal como lo refiere el artículo 83.  /ED