Guanajuato.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, señaló que plataformas digitales de hospedaje, como Airbnb, están obligadas a pagar impuestos por los servicios que prestan en la entidad. No obstante, hasta ahora no ha sido posible para las autoridades estatales hacer efectivo el cobro debido a la falta de acceso a la información necesaria para su fiscalización.
Durante una reciente declaración, la mandataria explicó que los impuestos no son nuevos, ya que la legislación fiscal vigente establece el cobro del impuesto sobre hospedaje y el impuesto cedular. Sin embargo, denunció que las plataformas no han mostrado disposición para proporcionar los datos requeridos, lo cual ha limitado la capacidad del estado para ejercer esta facultad.
“Hoy lo que ocurre es que hay una imposibilidad de la autoridad para poder cobrar estos impuestos. No es un impuesto nuevo, ya está ahí, sin embargo, al solicitar a las plataformas que nos proporcionen la información, no ha habido disposición”, señaló García Muñoz Ledo.
La gobernadora detalló que el gobierno de Guanajuato presentó una propuesta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que, en la próxima revisión del convenio de coordinación fiscal, se permita a los estados acceder a la información que las plataformas sí entregan al SAT. El objetivo no solo es mejorar la recaudación, sino también tener claridad sobre dónde se están ofreciendo estos servicios para garantizar condiciones de seguridad y protección civil.
La situación contrasta con lo que ocurre en la Ciudad de México, donde sí se aplica el cobro del impuesto al hospedaje. García Muñoz Ledo explicó que esto obedece a convenios particulares firmados con las plataformas, mismos que han resultado más efectivos en otras entidades.
En el caso de Guanajuato, dijo, las plataformas han aceptado pagar el impuesto sobre hospedaje, pero se han negado a cubrir el impuesto cedular, lo que representa una irregularidad ante la normativa fiscal del estado.
Finalmente, la gobernadora aseguró que hubo buena disposición del SAT para considerar la propuesta presentada por su administración, y confió en que se avanzará hacia un convenio más equitativo que permita a todos los estados acceder a la información fiscal correspondiente.
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