La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció esta mañana sobre el presunto caso de corrupción que involucra al exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señalando que corresponde a la Fiscalía Estatal investigar el caso.
Descartó que por parte del Gobierno Federal se va a iniciar una investigación ni van a poner una denuncia por el caso del ex gobernador.
“Si hay una denuncia en particular a la Fiscalía General de la República, pues la Fiscalía tendría que ver si tiene atribuciones para ello e intervenir”, indicó.
La presidenta señaló que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera, como la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía General de la República podrían intervenir si hay una denuncia de la Fiscalía de Guanajuato.
“La Unidad de Inteligencia Financiera más allá de lo que salga en un periódico o en un medio de comunicación está permanentemente investigando y cuando encuentra algún asunto de lavado de dinero, pues interviene; preventivamente cerrando o solicitando el congelamiento de la cuenta y si es el caso presentando la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, indicó.
En este este caso, dijo, “¿quién tiene que intervenir, la Fiscalía?. Entonces, la Fiscalía de Guanajuato puede intervenir”.
El tema fue retomado durante la conferencia matutina de este miércoles, luego de que la semana pasada una investigación periodística revelara un posible conflicto de interés entre el exgobernador y la empresa Seguritech.
La polémica gira en torno a una propiedad habitada por la familia de Rodríguez Vallejo, la cual está registrada a nombre de un operador ligado a dicha empresa, la cual recibió contratos millonarios durante su gestión como gobernador.
“Yo creo que el exgobernador tiene que aclarar… (el) tema aquí es que es un contrato que hizo el exgobernador con una empresa y presuntamente vive en una casa de esta empresa en los Estados Unidos. De comprobarse que eso es cierto, pues es corrupción”, insistió la presidenta.
La revelación ha causado indignación entre ciudadanos guanajuatenses, al considerar que no sólo se podrían haber violado principios de legalidad en la asignación de contratos públicos, sino que también se habría comprometido la seguridad del estado.
Además, los vínculos entre el exgobernador y Seguritech han puesto en entredicho la validez de los contratos vigentes de la empresa, tanto en municipios del estado como en otras entidades del país, por lo que diversas voces han pedido auditorías.