La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un operativo en el fraccionamiento La Cucursola, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, municipio de Guanajuato, asegurando el inmueble como parte de una investigación penal por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
La información se dió a conocer a través de un comunicado de la organización Acción Colectiva.
La acción se deriva de una denuncia presentada el 9 de febrero de 2023 por la organización Acción Colectiva Socioambiental, A.C., que acusa a la empresa Loma de Irapuato, S.A. de C.V., a su administrador único, Sergio Fernando Ascencio Barba (exdiputado federal), y a los exfuncionarios municipales Mario Alejandro Navarro Saldaña (exalcalde) y Juan Carlos Delgado Zárate (exdirector de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial) de violar la legislación ambiental.
La denuncia señala que el fraccionamiento se construyó en terrenos forestales sin la Autorización de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ni el Estudio Técnico Justificativo para el cambio de uso de suelo.
Además, se denuncia la expedición indebida de permisos municipales que permitieron el desarrollo del proyecto, considerado ilegal por su impacto en la Sierra de Santa Rosa, una zona de alto valor ecológico.
El aseguramiento del inmueble se fundamenta en el artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite incautar bienes vinculados a delitos.
La FGR, en coordinación con la Policía Federal Ministerial, ejecutó la diligencia para garantizar la preservación del sitio mientras avanza la investigación.
Organizaciones como Acción Colectiva Socioambiental y Movimiento Colibríes de Guanajuato destacaron la actuación de la FGR, para la protección ambiental frente a la inacción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) de Guanajuato.
La Sierra de Santa Rosa, donde se ubica el fraccionamiento, es un área crítica para la biodiversidad y la captación de agua en la región.
La construcción de La Cucursola ha sido objeto de controversia desde 2022, cuando colectivos ciudadanos alertaron sobre la tala de árboles y la falta de estudios ambientales para su desarrollo.
La investigación de la FGR podría sentar un precedente para sancionar proyectos que vulneren la normativa ambiental en México.Impacto en México.