Guanajuato.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que su administración se cercioró de que la iniciativa enviada al Congreso local, que busca crear el Registro Público de Agresores Sexuales, esté blindada frente al riesgo de una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia.

Así lo dijo en su programa Conectando con la Gente, en el que estuvo acompañada por Alejandro Sierra, consejero jurídico de la titular del Ejecutivo estatal. Lo anterior, luego de recordar que en la Ciudad de México una reforma similar no pudo aplicarse hace unos años.

"En el análisis que hacíamos de esta iniciativa se planteaba en la mesa. Hay otros intentos legislativos en Congresos locales, particularmente en la Ciudad de México, donde se estableció este registro de agresores sexuales de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Hicimos un análisis muy puntual para que la iniciativa de Guanajuato tuviera este componente importantísimo del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y creemos —se va a dar la discusión en el Congreso para revisar este tema— que puede pasar este filtro de constitucionalidad".

La propuesta en Guanajuato contempla que las personas que hayan sido sentenciadas por un delito de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente estén en un registro público y que, además, su permanencia en el mismo sea hasta por 30 años.

Alejandro Sierra aseguró que el análisis hecho por los abogados del Poder Ejecutivo cuida todos los detalles para evitar caer en el riesgo de que la iniciativa sea declarada inconstitucional.

"Hicimos un análisis constitucional del mismo y consideramos que, si bien toda pena o sanción conlleva la violación de un derecho humano para la persona que comete un delito, aquí puede considerarse incluirse el estar en un registro público, porque derivado de esto pueden generarse políticas públicas en beneficio de prevenir alguna violencia futura a niñas, niños y adolescentes".

En caso de que la iniciativa sea aprobada, el registro estará a cargo de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con esta instancia, entre 2020 y 2025 se abrieron 6 mil 114 carpetas por el delito de abuso sexual; 572 por acoso sexual; 103 por hostigamiento sexual; 3 por incesto; 2 mil 360 por violación y 265 por violación equiparada. En todos los casos, las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes.

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