Guanajuato.- México cierra la puerta a la ayuda internacional en medio de una crisis de desapariciones que no cesa. El Gobierno federal ha rechazado oficialmente el informe de la ONU que califica la situación como una “catástrofe humanitaria”. Mientras la Federación descalifica el documento, en Guanajuato, voces políticas y de derechos humanos exigen dejar de lado la actitud defensiva y reconocer la realidad.

La administración federal tachó de “tendencioso” el informe del Comité contra la Desaparición Forzada, argumentando que se basa en datos desactualizados. Sin embargo, la ONU advierte que los casos siguen al alza, superando ya las 132 mil víctimas y señalando indicios de crímenes de lesa humanidad. Ante la oferta de asistencia técnica y financiera de Naciones Unidas para frenar la impunidad, la respuesta de la presidenta ha sido un rotundo “no”.

Este rechazo resonó con fuerza en el Congreso de Guanajuato. Desde el pleno, la diputada Ruth Tiscareño presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Federación a aceptar la cooperación internacional, advirtiendo que descalificar el informe solo desplaza el debate hacia una lógica defensiva que no soluciona nada. Por su parte, el diputado Jorge Espadas lamentó que el Gobierno federal ignore una realidad que golpea a miles de familias.

“Hoy tenemos un fenómeno en México grave de desaparición de personas. No podemos rechazar informes... Cuando se rechaza es porque no se quiere ver el problema; para poder atenderlo, primero hay que reconocerlo”.

Desde la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, su titular, Karla Alcaraz, hizo un llamado a no ver estas recomendaciones como un ataque, sino como una herramienta de mejora para las autoridades.

“Tenemos que ver estas observaciones como un área de oportunidad. Es necesario que todas las personas integrantes del Estado veamos la forma de mejorar. Lo que nos corresponde es estar del lado de las madres buscadoras”.

Con una crisis que concentra en México el 36% de las acciones urgentes de búsqueda a nivel mundial, la pregunta en Guanajuato sigue siendo: ¿cuándo se pondrá el derecho a la verdad por encima de las posturas políticas?

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