Guanajuato.- En el marco del evento de destrucción de bienes e instrumentos del delito, el fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, anunció la entrega de una iniciativa que propone la abrogación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la creación de un nuevo marco jurídico que permita a los estados asumir un papel más activo en este ámbito.
La propuesta fue entregada públicamente a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien confirmó que será analizada para su eventual envío al Congreso local y posteriormente al federal.
El fiscal explicó que el objetivo central es establecer una ley general que permita a las fiscalías estatales investigar y perseguir delitos relacionados con la delincuencia organizada, facultad que actualmente recae principalmente en la Federación.
“Queremos que los estados podamos sumarnos activamente con la Federación en el combate decidido a la delincuencia organizada”, señaló.
Detalló que, bajo el esquema actual, muchas investigaciones deben ser remitidas a instancias federales, lo que limita la capacidad de respuesta local ante fenómenos delictivos complejos.
Respaldo del gobierno estatal
Por su parte, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo respaldó la propuesta al considerar que responde a la evolución de la criminalidad en el país.
Explicó que, así como en su momento se otorgaron facultades a los estados para combatir el narcomenudeo, ahora es necesario avanzar hacia un modelo de competencia concurrente en materia de delincuencia organizada.
“Lo que estamos buscando es que los estados tengamos competencia para iniciar investigaciones en esta materia y sumar esfuerzos con la Federación”, afirmó.
El anuncio se dio durante un evento encabezado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en el que se destruyeron más de 10 toneladas de objetos del delito y más de una tonelada de narcóticos incautados.
Las autoridades señalaron que estas acciones no solo representan el cierre de ciclos de investigación, sino también un mensaje de fortalecimiento institucional frente a la delincuencia.
La iniciativa abre la puerta a un posible debate nacional sobre el modelo actual de combate al crimen organizado, al plantear una redistribución de competencias entre Federación y estados.
De concretarse, implicaría cambios de fondo en la forma en que se investigan y persiguen estos delitos en México.
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